El proceso de apelación de Pablo Ibar en solicitud de un juicio justo está ya en marcha tal y como ha hecho público la asociación Pablo Ibar.
El abogado Joe Nascimento, que en esta nueva fase representa al recluso de origen vasco, interpuso ayer en Florida el recurso en el que solicita la anulación de la cadena perpetua que le fue impuesta en 2019 por un jurado, y al mismo tiempo pide la celebración de un nuevo juicio. El letrado estadounidense sustenta su solicitud «en las numerosas irregularidades y decisiones de absoluta parcialidad en las que incurrió el juez Dennis Bailey, quien dirigió el último proceso, y al que acusa de vulnerar derechos constitucionales».
Cabe recordar que Pablo Ibar fue declarado culpable del triple crimen que en 1994 acabó con las vidas en un domicilio de Miramar, localidad próxima a Miami, en el Estado de Florida, del titular de la vivienda, Casimir Sucharski, dueño de un local nocturno, y de las jóvenes Sharon Anderson y Marie Rodgers. Los tres fueron asesinados por dos individuos que irrumpieron en el chalet.
La secuencia de los hechos fue grabada por una cámara de vídeo situada en el salón de la casa, que, en un momento determinado, capta el rostro de un joven con rasgos latinos que la Policía identificó con Pablo, aunque éste siempre ha negado ser el autor de los crímenes.
La asociación mantiene una campaña de crowdfunding para que quien desee pueda colaborar en hacer frente a los gastos. Se pueden realizar las aportaciones a través de la web www.pabloibar.com, así como por las redes sociales.
El recurso y las irregularidades
El recurso fue registrado ayer ante el Tribunal de Apelaciones del 4º Distrito del estado de Florida.
En los 117 folios de los que consta el escrito, Joe Nascimento, que formó parte del equipo de juristas que defendió a Pablo Ibar en el juicio anterior, desgrana toda una batería de irregularidades en las que habría incidido el juez Bailey, hoy fuera de la carrera judicial tras no lograr su reelección.
Tal y como explica el comunicado el abogado de Pablo Ibar fundamenta la apelación en trece motivos en los que, por un lado, sostiene que, en determinados momentos del juicio, el tribunal de primera instancia de Broward County “abusó de su discrecionalidad” y, en otros, “cometió graves errores jurídicos”.
Nascimento afima que el tribunal “violó los derechos constitucionales” del acusado a un jurado justo e imparcial, al denegar, entre otras cuestiones, “la moción de la defensa de sacar al jurado de la sala cuando el Estado se refirió de manera inadmisible al derecho constitucional del acusado a guardar silencio, implicando que su silencio era una admisión de culpabilidad, lo cual constituye una clara violación de la Quinta Enmienda de la Constitución”.
De igual manera, entiende el letrado que el mismo órgano judicial no actuó de manera imparcial cuando prohibió a la defensa interrogar a testigos clave para los intereses de Pablo, o cuando admitió la declaración sobre una rueda de reconocimiento fotográfica de otro testigo que dijo haber visto el día de los hechos a Ibar a bordo del Mercedes de Casimir Sucharski, una de las víctimas.
La defensa señala en este sentido que los procedimientos puestos en práctica por los agentes que investigaron los hechos “fueron innecesariamente sugestivos” y condujeron al testigo “a una probabilidad sustancial de identificación errónea”. Añade que la introducción de esta prueba “no fue inocua”.
Joe Nascimento considera que el tribunal vulneró el derecho constitucional de Ibar a un proceso con todas las garantías y su derecho a la contradicción al prohibir que la defensa interrogase al especialista del Estado en materia de ADN sobre anteriores casos de contaminaciones cruzadas que se produjeron en el Laboratorio de Criminalística del Sheriff del Condado de Broward. Como se recordará, la Fiscalía aportó para este juicio, de manera un tanto sorpresiva, una camiseta que contenía unas minúsculas muestras de ADN de Pablo Ibar.
La defensa ha venido sosteniendo que dicha muestra en todo caso fue fruto de una contaminación que se produjo en el laboratorio.
Además, en la apelación se critica la “conducta inapropiada” del fiscal Charles Morton, quien en el alegato final negó a Ibar su “derecho constitucional a un juicio justo”.
Cree el abogado que, una vez más, el juez abusó de su discrecionalidad cuando desestimó la protesta de Pablo Ibar después de que el fiscal finalizase su informe con una “declaración incendiaria”. Morton llegó a decir al jurado que “no permitiera que este hombre se salga con la suya; se libre de haber cometido un asesinato”.
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