(EFE). La tesorera de una asociación benéfica de San Sebastián se enfrenta a una pena de 2 años y 8 meses de prisión por apropiarse presuntamente de un préstamo de 65.000 euros otorgado por una entidad bancaria y avalado por tres personas a las que el banco ejecutó los avales entregados.
La Fiscalía de Gipuzkoa acusa a la tesorera, que será juzgada el lunes, de un delito de apropiación indebida por el que le reclama una pena de 2 años 8 meses de prisión, más indemnizaciones para compensar los avales perdidos por las tres personas que los suscribieron.
La acusada era la tesorera y apoderada única de una asociación sin ánimo de lucro dedicada a luchar contra la marginación y la exclusión social cuando solicitó un préstamo de 65.000 euros a una entidad bancaria, en mayo de 2013, según describe la Fiscalía Provincial de Gipuzkoa.
Dicho préstamo fue avalado por la propia tesorera, un hombre y por un matrimonio, que aportó 41.665,28 euros como aval.
El ciudadano que avaló el préstamo falleció en 2018, por lo que ahora es su hija la que reclama a la acusada la indemnización por el dinero perdido.
La asociación, que supuestamente tenía la cuentas saneadas en 2011, presentó un déficit de 57.375 euros en 2012, aunque en la cuenta de resultados del impuesto de sociedades figuraba una cantidad de -80.051 euros, lo cual implica una situación de quiebra.
En esta situación, la asociación solicitó el préstamo a la entidad bancaria por 65.000 euros, pero la tesorera «se quedó para ella» esta cantidad, «quebrantando lo acordado y no aplicándolo a las necesidades de la asociación, como era su destino», según considera la Fiscalía.
La acusada dejó de pagar «relativamente pronto» las cuotas mensuales al banco, por lo que la entidad ejecutó los avales a los tres perjudicados.
La Fiscalía señala en su escrito que esta asociación recibió 2.500 euros de subvención del Ayuntamiento de San Sebastián en 2013, cantidad a la que hay que restar el 30 % porque no presentó la justificación correspondiente.
El Ministerio fiscal destaca también que esta entidad recibió el 4 de octubre de 2013 tres subvenciones del Gobierno Vasco por valor de 11.641,90 euros, 10.990,67 euros y 42.076,41 euros, lo que suma un total de 64.708,98 euros.
«Lo cierto es que se desconoce a qué aplicó la encausada como tesorera de la asociación las cantidades recibidas, al no aportar la contabilidad de la que ella era responsable y que le fue requerida», señala la Fiscalía.
Además de la pena de prisión solicitada, la Fiscalía reclama que la acusada indemnice al matrimonio afectado con 41.665,28 euros y a la heredera del otro avalista con la cantidad «que se acredite en el juicio oral», ya que no consta la cantidad del aval que el banco ejecutó al fallecido.
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