(EFE). Tres hombres y una mujer serán juzgados este mes en San Sebastián, acusados en diferente medida de una treintena de reformas fraudulentas inacabadas en viviendas y locales, repartidos por once localidades de Gipuzkoa y una de Bizkaia, por un importe total de 272.816 euros.
En su escrito de acusación provisional, al que ha tenido acceso EFE, la Fiscalía pide siete años de prisión para el cabecilla del grupo, presuntamente implicado en todas las operaciones; seis años para la mujer, supuestamente involucrada en seis; y dos años para cada uno de los varones restantes, cada uno de ellos vinculado con una única actuación.
El documento del Ministerio Público detalla cada una de las 29 reformas inacabadas por el principal acusado en distintas localidades como San Sebastián, Bilbao, Errenteria, Lasarte-Oria, Andoain, Urnieta, Tolosa, Pasaia, Bergara, Mutriku, Oiartzun e Irun.
Según la Fiscalía, los hechos se produjeron entre 2014 y 2020, período durante el que los cuatro procesados actuaron «de común acuerdo y con ánimo de enriquecimiento ilícito» en las distintas reformas en las que el principal procesado habría intervenido «como cabeza visible de un plan preconcebido».
Este hombre habría ofrecido durante este tiempo «diferentes servicios de obra destinados a la reforma de viviendas» que incluían trabajos de distintos gremios como fontanería, pintura, electricidad, ventanas, albañilería, persianas, calefacción y carpintería, incluida la reparación de «cosas pequeñas».
Precio tentador
Las ofertas tenían un «precio tentador», ya que algunas de ellas publicitaban «la reforma de un piso por 18.500 euros, mano de obra y materiales incluidos».
La Fiscalía aclara que este procesado daba a conocer sus servicios mediante el «buzoneo» de «pequeños pasquines» con uno o varios móviles de contacto en diferentes viviendas, «en ocasiones empleando nombres ficticios».
En todos los casos, «tras convenir la reforma» con los clientes perjudicados, este hombre les facilitaba un nuevo número de contacto y les presentaba un presupuesto que «incluía un pago inicial» de «entre el 30 y el 50 % del total de la obra».
Para elaborar estos presupuestos, este encausado presuntamente utilizaba una empresa que había constituido en 2007, con el fin de «crear una falsa apariencia profesional en el ámbito de la reforma de inmuebles».
Posteriormente, este acusado mandaba a las viviendas «un conjunto de empleados a su servicio» que «se limitaban a tirar tabiques, quitar azulejos o picar paredes, simulando falsamente el inicio de la obra».
Confianza de los clientes
El Ministerio Público concreta que, a continuación, «tras ganarse la confianza de los clientes» les pedía «uno o varios adelantos a cuenta» con el pretexto de la compra de materiales que las víctimas podían hacerle en metálico o mediante el ingreso en determinadas cuentas corrientes de la mujer acusada y de otro de otros varones procesados.
«Una vez conseguidas dichas cantidades -prosigue el texto- dejaba de acudir obrero alguno a la obra, abandonando así las viviendas, y dejándolas a su suerte y en consecuencia totalmente inhabitables».
El escrito detalla que, en los casos en los que el contacto era tan sólo para «labores de pintura», se simulaba «la preparación de la vivienda para tal fin», tras lo que el domicilio era abandonado «de la misma manera y con el mismo ‘modus operandi’ sin llegar a realizar los trabajos contratados».
La Fiscalía concreta que, una vez «abandonada» la obra el principal encausado «comenzaba a dar largas a los clientes», tras lo que luego cortaba «todo tipo de comunicación» con ellos, «apoderándose de esta manera todos los acusados de las cantidades entregadas a cuenta de una obra que nunca tuvieron la intención de comenzar ni de acabar».
Posteriormente, «en algunos casos», el supuesto cabecilla «se limitaba a la firma de un documento de reconocimiento de deuda o a la devolución de pequeñas y simbólicas cantidades a los clientes engañados».
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