(EFE). La Fiscalía de Gipuzkoa pide penas que suman 163 años de prisión para 29 personas, presuntos componentes de «un grupo criminal» que funcionaba de manera «coordinada» en la frontera de Irun, a las que acusa de vender hachís y cocaína en pequeñas cantidades entre los años 2014 y 2016.
A todos los procesados, que serán juzgados próximamente en la Audiencia de Gipuzkoa, se les imputan delitos contra la salud pública, aunque las penas varían según la gravedad de los delitos y si son o no reincidentes, y de integración en grupo criminal, por los que el fiscal pide para todos ellos dos años de cárcel.
El Ministerio Público solicita condenas de 2 años de prisión para aquellos que tenían en su poder o habían vendido únicamente hachís y de 4 años y seis meses para quienes fueron sorprendidos también con cocaína, según consta en la calificación fiscal a la que ha tenido acceso EFE.
A seis de ellos se les aplica además la agravante de reincidencia, por lo que las penas se elevan en un año, de manera que dos de ellos se enfrentan a un total de 7 años y medio de cárcel y cuatro a 5 años de prisión.
El grupo, formado por 28 hombres y una mujer, todos ellos marroquíes excepto dos argelinos, «se estructuraba mediante la coordinación de sus miembros sobre la base de una organización funcionalmente flexible en relación con las distintas actividades precisas para el despliegue de su actividad ilegal».
Con ello los acusados buscaban «lograr la máxima eficacia en la realización de la transacción de droga con mayores garantías de impunidad«, señala el escrito del fiscal.
Los imputados realizaban funciones tanto de «liderazgo» en «agrupaciones temporales que conformaban para asegurar la venta de la droga con impunidad», como de «suministro y transporte» de las sustancias.
A ello se añaden tareas de «aseguramiento de la transacción (aguadores) mediante la contra-vigilancia y alerta respecto de la actividad preventiva policial, tanto a media distancia desde posiciones estratégicas estables como a corta distancia e inmediata proximidad desde posiciones variables», así como de «contacto, negociación y fijación de las condiciones de la venta (captadores)» y «ejecutivas en relación con la venta final y entrega de la droga».
Los miembros del grupo desarrollaban estas labores en la zona de Behobia «de forma coordinada desde estas posiciones de seguridad con el fin de eludir la actividad preventiva policial».
«Las posiciones de vigilancia se situaban a escasa distancia entre sí -mínima de 16 metros y máxima de 211 metros- garantizando el seguimiento, visión y comunicación directa entre los integrantes del grupo e incluso entre las distintas posiciones sin necesidad de hacer uso de otros medios de comunicación», detalla la Fiscalía.
Afirma que, con el mismo fin, los acusados «aprovechaban la escasa distancia de la frontera con Francia y la ausencia de controles fronterizos estables para lograr el acceso y salida rápida del área por ellos controlada de ciudadanos no residentes en España adquirientes de la droga tratando de asegurarse así la impunidad de su actuación delictiva».
Añade que el grupo criminal «hacía uso de los domicilios de sus integrantes y de inmuebles desocupados para almacenar las sustancias ilícitas, reunirse y para depositar temporalmente las dosis de droga y otros instrumentos relacionados con la actividad ilícita».
En su escrito de acusación, el fiscal menciona un registro realizado en una vivienda en octubre de 2014 en el que se hallaron, además de casi medio kilo de resina de cannabis, seis teléfonos móviles, una balanza de precisión y una picadora de cannabis, entre otros objetos.
En julio de 2015, la Policía halló en un jardín contiguo a un carril-bici 616 gramos de hachís y 12,34 de cocaína.
Para los acusados, nacidos entre 1970 y 1989, excepto la mujer, que tiene 63 años, el Ministerio Público solicita también multas que suman 202.000 euros -de 6.000 euros para quince de ellos y de 8.000 para el resto-. Además, en algunos casos reclama la expulsión del procesado de territorio español.
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