Las secciones territoriales de seis asociaciones judiciales y fiscales han dirigido un comunicado conjunto dirigido a la viceconsejera de Justicia del Gobierno Vasco, Miren Gallastegui, pidiéndole actuar ante la suciedad que se acumula en los edificios donde trabajan en Gipuzkoa. La situación se deriva del «legítimo ejercicio» del derecho de huelga asumido por las trabajadoras de la empresa Garbialdi, contratada por el Ejecutivo autonómico para ese servicio.
La huelga, citan, empezó en el cada vez más lejano 19 de septiembre. Las asociaciones dicen ignorar si Gallastegui «es consciente de los perjuicios que se están ocasionando a quienes trabajamos diariamente en esos edificios. El polvo y la suciedad es patente en los despachos, oficinas y salas de vistas», así como en «pasillos, vestíbulos», etcétera. Se acumulan «bolsas de basura y cajas que recogen el desperdicio», y «ya» notan «olores y efluvios que merman la calidad del medio ambiente, con riesgo para la salud de las personas».
Dicen desconocer si el Departamento de Justicia ha actuado para que se solucione el conflicto, pero sí que saben «que se ha vuelto a adjudicar a la referida empresa» el mismo servicio para 2019. «Queremos recordar a ese Departamento que, sin perjuicio de dicha contrata, tiene atribuida la competencia de la adecuada limpieza de los edificios judiciales».
Por eso, «le instamos a que, respetando el legítimo ejercicio del derecho de huelga de las trabajadoras, actúe de manera efectiva», por ejemplo «mediando», o «del modo que estime oportuno», para que termine la situación. Desean recuperar «unas condiciones de trabajo dignas y sin riesgos para la salud».
También en comisarías
Firman el comunicado la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, la sección territorial de Euskadi de Juezas y Jueces para la Democracia, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Unión Progresista de Fiscales.
Esta petición se une a la del sindicato ELA, que hace menos de una semana también pidió al Gobierno Vasco (en ese caso, al Departamento de Seguridad) que terminara con la misma huelga también en las comisarías, debido a que la falta de higiene de las sedes «está poniendo en grave riesgo la salud de los ertzainas».
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