(EFE). Siete presuntos estafadores, cinco mujeres y dos hombres, se enfrentan a penas de 19 años y 4 meses de cárcel por haber urdido una serie de engaños para lograr que un vecino de Irun, así como algunos de sus familiares, entregasen más de 86.000 euros a una joven que se hizo pasar por una madre necesitada y con riesgo de entrar en prisión.
La pena mayor, de 5 años, es para la principal acusada, que en el momento de los hechos tenía 29 años y sobre la que pesaban ya tres sentencias firmes por estafa de juzgados de San Sebastián, Tarragona y Cáceres, según la calificación del Ministerio Fiscal a la que ha tenido acceso EFE.
Amistad
Los hechos, que se van a juzgar en Gipuzkoa, ocurrieron entre mayo de 2014, cuando la mujer «entabló una relación de amistad» con la víctima, y diciembre de ese mismo año.
En esos meses la supuesta amiga se sirvió de diferentes «artimañas» para lograr que el perjudicado le fuese entregando distintas sumas de dinero hasta en una treintena de ocasiones, por un montante de 70.622 euros.
La madre y dos hermanas de la víctima, así como un amigo, también entregaron dinero a la presunta estafadora, hasta un total de 15.475 euros.
Todos pensaban que estaban ayudando a la joven a esquivar la cárcel o a no perder la custodia de su hija en unos casos, y a conseguir trabajo o a hacerse con la propiedad de un piso en Logroño, en otros.
Para dar credibilidad a la farsa contó con el apoyo de dos mujeres y un hombre, para cada uno de los cuales el fiscal reclama cuatro años de prisión, y en menor medida con tres cómplices, dos mujeres para las que el Ministerio Público solicita 10 meses de cárcel, y un hombre, para el que pide ocho.
Extrema necesidad
La acusada hizo creer al hombre estafado que vivía en una situación de «extrema necesidad» y que tenía multas pendientes con la justicia que no podía pagar porque las ayudas públicas que estaba tramitando se retrasaban.
Le mostró entonces documentación que supuestamente lo acreditaba y se desplazó con él a un piso de Errenteria, donde otra de las procesadas se hizo pasar por una asistente social para reforzar el engaño.
Otra de las acusadas ejerció el mismo papel de empleada social para obtener una importante suma de dinero -la primera vez fueron 6.000 euros y la segunda, 7.500-.
Una tercera procesada se hizo pasar asimismo por trabajadora social para instar al perjudicado a llamar al supuesto responsable de una empresa de reparto porque podía dar trabajo a su amiga y así evitar que perdiera la custodia de su hija menor.
El hombre, «movido por la angustia» de que la niña «se quedara sin madre», se puso en contacto con el falso empresario, quien le dijo que podía dar trabajo a la joven solo si aportaba su propia furgoneta, por lo que, «ante dicha exigencia y dada la presión» a la que le sometió la encausada, la víctima desembolsó en seis ocasiones en el mes de julio un importe global de 10.462 euros.
Multa en Portugal
La donación de un piso donde la acusada residía en Logroño, solo a cambio de que esta se hiciera cargo de los gastos de la transmisión, fue la siguiente artimaña, que llevó a involucrase a una hermana del perjudicado y a hacerle entrega de 11.200 euros en tres pagos en agosto y septiembre.
El siguiente desembolso superó los 25.000 euros, en este caso con otra amenaza de ingreso en prisión a causa de una multa en Portugal, una triquiñuela en la que se implicó uno de los acusados, quien se hizo pasar por el abogado de la joven.
Las llamadas y los ingresos en la cuenta de la supuesta amiga siguieron hasta el mes de diciembre, cuando la mujer intentó persuadir a la víctima de que necesitaba 50.000 euros para satisfacer una deuda con unos traficantes de droga, para lo que insinuó que, de no abonar esa cantidad, «dichas personas podrían causar la muerte de su familia».
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