GuraSOS ha puesto en marcha dos nuevas iniciativas, una judicial y otra administrativa ante el Consorcio de residuos (GHK), que se suman a la anunciada la semana pasada en relación con la presunta caducidad de la Autorización Ambiental de la que ya informó Donostitik. Por cierto que el TSJPV ha señalado para el 11 de febrero la deliberación y fallo del recurso referido a la presunta caducidad y nulidad de la Autorización Ambiental.
La primera de las iniciativas supone la interposición de un recurso ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Donostia contra el acuerdo de la asamblea de GHK de 16 de diciembre de 2019 que amplió el plazo para la construcción y puesta en marcha de la incineradora hasta el 3 de marzo. La segunda es una solicitud a GHK para que acuerde imponer a la concesionaria las penalizaciones contractuales previstas en el contrato «por haber incumplido los compromisos para la finalización de las obras y la puesta en marcha, así como por haber puesto en marcha y construido el transformador sin autorización del Departamento de Industria del Gobierno».
Las penalizaciones superan los 20.000.000 euros que se le reclamarían a la UTE compuesta por Urbaser, Maridiam, Altuna y Uria, Moyua, Murias y LKS, ahora Ekondakin Energía y Medio Ambiente S.A.
La consecuencia de la estimación de dichas iniciativas serían la rescisión del contrato por incumplimiento muy grave de las condiciones esenciales del contrato imputable a la concesionaria y un ingreso para las arcas públicas de dicha cantidad que abonaría la concesionaria.
Respuesta de GHK
Por medio de un comunicado el Consorcio de Residuos (GHK) denunció que GuraSOS «vuelve a hacer gala de una irresponsabilidad que roza la temeridad, tratando de presentar como hechos nuevos e irregularidades lo que no es más que la reiteración de interpretaciones sesgadas que intentan manipular a la opinión pública y provocar alarma social». Y entre otras puntualizaciones GHK destacó que los plazos del contrato y las autorizaciones ambientales a las que alude GuraSOS han sido tomadas por su Asamblea que ha dispuesto de toda la información, incluidos los correspondientes informes técnicos y jurídicos.
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