La operación Hartza de la Ertzaintza ha permitido identificar al autor de unos daños en la cueva de Lezetxiki, en Arrasate, declarada Bien Cultural de Protección Especial. La Ertzaintza ha abierto diligencias a un vecino de dicha localidad como investigado por un presunto delito de daños contra el patrimonio histórico y expolio arqueológico después de realizar catas clandestinas, así como numerosas pintadas o grafitos en su interior.
La investigación se inició en febrero de este año, cuando arqueólogos del Servicio de Patrimonio Histórico-Artístico y Archivos del Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa constataron que la cueva de Lezetxiki sita en Arrasate había sido objeto de daños. Estos consistían en la rotura de la valla perimetral que protege la cueva, la realización de catas clandestinas para desenterrar posibles restos arqueológicos, así como de numerosas pintadas y grafitos en las paredes y techos.
Se da la circunstancia que dicha cueva desde 2022 tiene la categoría de Zona Arqueológica protegida por el Gobierno Vasco como Bien Cultural de Protección Especial por lo que su acceso está restringido a investigadores y visitas con permiso expreso de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
La Sección Central de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico de la Ertzaintza asumió la investigación que se ha prolongado varios meses dentro del operativo denominado Hartza.
Durante las pesquisas realizadas se comprobó que una persona desconocida, equipada con material de espeleología, había accedido al interior de la cueva sin permiso de la Diputación y había permanecido en su interior durante varias horas. Esta persona, un vecino de la localidad de Arrasate, está acusada de un presunto delito de daños contra el patrimonio histórico y expolio arqueológico.
Una vez finalizadas las diligencias policiales, fueron remitidas a la Fiscalía Delegada de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico de la Fiscalía Provincial de Gipuzkoa.
Los delitos de daños contra el Patrimonio Histórico están recogidos en el artículo 323 del Código Penal, que castiga los daños o el expolio de bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental, o en yacimientos arqueológicos, terrestres o subacuáticos, y contemplan la pena de prisión de seis meses a tres años o multa de doce a veinticuatro meses.
Además el acceso no autorizado a cualquier yacimiento arqueológico, las intervenciones arqueológicas sin autorización de la Diputación Foral o el uso de detectores de metales en zonas arqueológicas pueden ser constitutivos de infracciones administrativas contra la Ley de Patrimonio Cultural Vasco, que recoge multas para sus autores de hasta 100.000 euros en los supuestos leves hasta 250.000 euros en los graves y de hasta 1.000.000 de euros en los muy graves.
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