La Audiencia de Gipuzkoa ha dictado orden de detención contra uno de los seis jóvenes acusados de la muerte de Santi Coca, el menor donostiarra fallecido tras una pelea en San Sebastián en 2019, que ha huido de la justicia cuando faltan tan solo catorce días para el inicio del juicio con jurado por estos hechos.
En un auto al que ha tenido acceso EFE, la Sección Primera de la Audiencia ordena a la Ertzaintza, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil que «procedan la búsqueda y detención» de este joven de origen argelino, ya que «ha dejado de cumplir» la obligación de presentarse periódicamente ante la justicia que se le había impuesto como condición para acceder a la situación de libertad provisional.
El inicio de la vista por este presunto crimen, que será enjuiciado un tribunal del jurado, está señalado para el próximo 3 de marzo con la previsión de que las sesiones se prolonguen durante dos semanas.
Veinte años de cárcel
Cada uno de los seis acusados se enfrenta a una petición de veinte años de cárcel tanto por parte de la Fiscalía de Gipuzkoa como de la acusación particular, que ejerce la familia de la víctima.
El Ayuntamiento de San Sebastián, personado en la causa como acción popular, reclama quince años de prisión para cinco de los procesados, si bien eleva hasta los veinte años su solicitud para el joven ahora fugado, a quien atribuye haber propinado a Coca, de 17 años de edad, la «última y brutal patada en la cabeza» cuando ya había perdido el conocimiento.
Tras sufrir la agresión, ocurrida la madrugada del 26 de abril de 2019 en el exterior de una céntrica discoteca donostiarra, Coca fue atendido en el lugar por varios equipos sanitarios que le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar.
Extrema gravedad
Posteriormente, fue trasladado en estado de extrema gravedad al Hospital Donostia, donde falleció después de permanecer dos días en coma.
La Ertzaintza detuvo a siete jóvenes por su presunta relación con estos hechos, si bien el Juzgado de Guardia sólo ordenó prisión provisional para seis de ellos: tres chicos rumanos, uno de origen argelino, otro marroquí y un español.
No obstante, en 2020 los seis accedieron a la libertad provisional con distintas medidas cautelares para evitar su huida, como la retirada del pasaporte, la prohibición de viajar al extranjero y la obligación de comparecer cada quince días en sede judicial.
Sin embargo, el joven de origen argelino, ahora huido, vulneró estas condiciones que le permitían continuar en situación de libertad provisional por lo que en febrero de 2021 el juzgado que instruía la causa ordenó su ingreso en la cárcel nuevamente.
Prisión provisional
De esta manera, pasado el tiempo, alcanzó el límite legal de dos años en situación de prisión provisional por lo que en marzo de 2022 la Audiencia ordenó su excarcelación, ante la necesidad de respetar «escrupulosamente los plazos máximos previstos en la Ley para este tipo de medidas», teniendo en cuenta además que las acusaciones y la Fiscalía solicitaron la prorroga de la prisión provisional «una vez transcurrido con exceso» los dos años señalados.
En cualquier caso, con el fin de «garantizar» la presencia de este joven en la vista oral, la Audiencia le obligó a comparecer periódicamente en sede judicial, le retiró el pasaporte, le prohibió salir del territorio nacional y le impidió aproximarse a los familiares del fallecido, así como residir y acudir al término municipal de San Sebastián.
El incumplimiento de la medida de presentarse ante la justicia es el que ha llevado ahora a la Audiencia de Gipuzkoa a dictar la citada orden de detención y a intentar contactarle a través del sistema de «requisitorias», con la advertencia de que de no comparecer en un plazo de cinco días «será declarado rebelde con las consecuencias previstas en la ley».
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