(EFE). La consejera de Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha confirmado este miércoles que un joven eritreo que se suicidó el pasado domingo en la parte trasera del polideportivo Azken Portu de Irun tenía 21 años y «no había sido atendido en ningún recurso» para migrantes en tránsito. La asociación Harrera Sarea de Irun exige al Gobierno Vasco, a las diputaciones y al Ayuntamiento del municipio que esclarezcan lo ocurrido y faciliten la identificación del joven, se comuniquen con su familia y procedan a la repatriación del cuerpo.
Artolazabal ha señalado en una rueda de prensa que ha ofrecido en el centro Hilanderas de la ciudad fronteriza tras presidir la reunión de la mesa interinstitucional de coordinación para la acogida urgente de personas migrantes en tránsito que «lamenta» este hecho y ha asegurado que se desconoce la identidad del fallecido.
Sobre esta muerte se ha manifestado la asociación Harrera Sarea de Irun que ha detallado que a las 8.30 horas del domingo una mujer encontró el cadáver de un hombre negro ahorcado en la parte trasera del polideportivo Azken Portu. Según esta asociación, se trata de un ciudadano eritreo que no estaba empadronado en Irun, ni registrado en ningún recurso de acogida municipal ni en ningún otro.
Irungo Harrera Sarea trabaja con la hipótesis de que esta persona por su origen, su edad y su falta de arraigo en la zona fuera «muy probablemente» un migrante en tránsito.
La asociación cree que «probablemente entró en Europa por Italia», que «trató de llegar a Francia o Alemania» y, tras deambular por Europa, en un momento dado llegó a Irun para pasar a Francia, desde donde pudo haber sido «expulsado ilegalmente, una o varias veces».
«Finalmente, ante la desesperación, optó por acabar con el hostigamiento al que son sometidos los migrantes desde que comienzan su viaje«, ha señalado el portavoz de la asociación Jon Aranguren.
Esta ONG señala a «Marruecos, Turquía o Libia» entre quienes «inducen a morir a estas personas» junto con la UE, «el Estado español» y, «en un entorno más inmediato, el Gobierno Vasco, Diputación de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Irun».
Asegura que esta muerte «se quiere presentar como suceso fortuito y descontextualizado» en lugar de reconocer que puede ser una consecuencia de las «nefastas prácticas contra el fenómeno migratorio».
Como ya se ha dicho la asociación exige al Gobierno Vasco, a las diputaciones y al Ayuntamiento de Irun que esclarezcan lo ocurrido y faciliten la identificación del joven, se comuniquen con la familia y procedan a la repatriación del cuerpo.
Asimismo piden a las instituciones vascas «que hagan política en las instancias pertinentes» para ampliar los criterios «restrictivos, discriminatorios e insuficientes» de acogida que afectan a los migrantes que llegan a Irun y que «dejen de esconderse tras su limitación de competencias».
«Si esta muerte no les es suficiente, prevemos que en breve y si esta situación continúa, tendremos otra en aguas del Bidasoa o en sus riberas», concluye Harrera Sarea que ha convocado una concentración el jueves a las 18 horas en la plaza San Juan de la ciudad fronteriza.
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