Le preocupa a Haritzalde que no quede claro que la sentencia que el TSJPV ha emitido respecto a Belartza Alto no es sólo un triunfo para el grupo ambientalista, que lleva tres años en el tema, sino la constatación de que el Ayuntamiento donostiarra «ha amparado la actuación ilegal con la concesión de una licencia municipal ilegal». El grupo se refiere al vertido de 115.000 metros cúbicos de roca «contaminada» en Belartza que salían de la construcción de Mercadona y que la empresa dejó allí para utilizarla en construcciones paralelas y en lo que iba a ser Belartza 2. Es decir, «que la empresa, además de cometer una ilegalidad, se ha lucrado de la misma».
Hoy durante una comparecencia en el Consistorio, Eli Zubillaga y Xabier Rubio han pedido la destitución de Enrique Ramos, concejal de Urbanismo Sostenible en la anterior legislatura y de Ecologismo en ésta, lo cual han considerado «un insulto». Han anunciado que se reunirán con la Fiscalía por si hay responsabilidades legales que depurar y también han solicitado que el Ayuntamiento proceda a la ejecución subsidiaria en vez de poner otra multa a los promotores y que encargue «sin demora» el proyecto de regeneración de la zona.
«La recuperación del entorno ilegalmente destrozado no puede atrasarse más, debe volver a su estado natural. Exigimos al Ayuntamiento la responsabilidad sobre la reparación de todos los daños sobre el medio ambiente y el paisaje derivados de su actuación negligente ratificada en el TSJPV», han expresado los presentes.
Durante la rueda de prensa Zubillaga ha recordado todos los pasos que el grupo ha ido dando estos tres años. «Haritzalde ha tenido que hacer incontables denuncias y recursos con la pretensión de que se anulara dicha licencia municipal ilegal sin precedentes con gravísimos impactos irreversibles sobre la fauna, flora, biodiversidad, cauces permanentes y ecosistema local de un área natural protegida por la Directiva Hábitat».
Respecto al proyecto en Belartza 2, la aprobación esta tarde en el Parlamento Vasco de la Ley de Superficies comerciales «da al traste» según Haritzalde con este macroproyecto que en absoluto se ajusta a los límites que se van a imponer a partir de ahora: de 2.500 m2.
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