El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) decidió en su reunión del pasado día 16 de junio admitir a trámite un recurso de súplica presentado por GuraSOS en una materia en la que está en juego el reconocimiento de la potestad legal de dicha asociación para recurrir la Autorización Ambiental Integral (AAI) en el litigio de la incineradora de Zubieta. Dicho Pleno ha otorgado un plazo de tres días para emitir informe y alegaciones a la Fiscalía General del Estado, así como a las partes personadas en el mismo, entre las cuales se confirma se encuentran el Parlamento Vasco, el Gobierno Vasco, GHK y la Diputación de Gipuzkoa.
El hecho ha sido desvelado hoy por representantes de la asociación. Estos han recordado que el artículo objeto de cuestión inconstitucional forma parte de una Ley emitida por el Parlamento Vasco, por cuya inconstitucionalidad abogan ahora las propias instituciones vascas, es decir, Gobierno Vasco, Diputación de Gipuzkoa y GHK. Pero GuraSOS insiste en que el artículo 3.4 de la Ley Vasca de Medio Ambiente admite una amplia legitimación (acción pública) para que cualquier persona recurra cualquier acto que pueda afectar al medio ambiente.
Por otro lado esta semana se ha producido una novedad en relación con la AAI relativa al complejo de Zubieta. La Consejería de medio Ambiente del Gobierno Vasco ha declarado la efectividad de la AAI, «pero eso significa que durante todo este tiempo el funcionamiento de la incineradora ha sido ilegal, lo que deja un rastro ineludible en el ámbito de la responsabilidad judicial de los diferentes gestores de la incineradora».
GuraSOS se ha referido también al no cumplimiento por parte de las empresas adjudicatarias de la incineradora de las obras en los plazos fijados. «De hecho el Juzgado de lo Contencioso administrativo N.º 2 de Donostia ha admitido a trámite el recurso de GuraSOS contra el acuerdo de GHK de ampliar el plazo de fin de obra y puesta en marcha de la incineradora. En las próximas semanas GuraSOS formalizará la demanda y ejercerá la acción vecinal en nombre de GHK, exigiendo de la UTE 30 millones de euros por penalizaciones contractuales por los retrasos en la finalización de las obras», han expresado los responsables de la asociación.
Estos insisten en que «dadas la cantidad y la gravedad de las irregularidades de orden administrativo y económico, así como los dos accidentes graves (explosión del transformador principal el 11 de junio de 2019 y vertido químico del pasado 9 de mayo), GuraSOS anuncia que también ejercerá la acción penal, en este caso para depurar las responsabilidades en que hayan podido incurrir los responsables de la consejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, así como GHK y la Diputación Foral de Gipuzkoa».
Por otro lado también están en marcha las iniciativas en el marco de la Unión Europea. La primera de ellas es una queja o denuncia ante la Comisión Europea por diversas infracciones de directivas europeas, principalmente en materia de planificación y gestión de residuos, participación ciudadana y contratación (contrato de concesión de obra de la incineradora). El día 8 de junio se cumplieron dos años de investigación y la Comisión “sigue examinando las cuestiones planteadas por el peticionario en todos sus aspectos”.
Por otro lado la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, por su parte admitió a trámite la petición de GuraSOS y se espera que en otoño de este año vaya a debatir la misma, con presencia en la sesión de representantes de la Comisión Europea y de un representante de GuraSOS.
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