La pasada semana salió a la luz un informe de Gorka Bueno publicado por Ekopol, un grupo investigador de la UPV/EHU, sobre la incineradora de Zubieta. Enseguida sobrevoló el nombre de GuraSOS, la plataforma contraria a la infraestructura. «No fue un encargo nuestro pese a que así se ha dicho», dice el abogado y portavoz de la plataforma Joseba Belaustegi en conversación con DonostiTik. «Nosotros colaboramos con esta investigación igual que con las de la Guardia Civil porque tenemos mucha información».
¿Qué arroja de nuevo este informe desde su punto de vista?
Confirma cosas que ya habíamos denunciado. El autor lleva tiempo haciendo un seguimiento de la incineradora de Zabalgarbi en Bilbao y también de ésta. Su informe tiene conclusiones que sirven para las incineradoras de todo el mundo.
Lo que pone de manifiesto que en las paradas y en los arranques una incineradora de última generación contamina muchísimo. Y por ello hay una recomendación para evitar esas paradas y esos arranques. Este investigador ha utilizado dos fuentes oficiales: el registro de sistema de medición en continuo que va a la red de vilancia ambiental del Gobierno vasco y los datos del mercado eléctrico. Y ha visto que hubo 240 paradas en dos años, lo cual es completamente anormal. Las emisiones que se producen en parada son el 30% de las de todo el año.
¿Cuáles serían los motivos?
Pueden ser muchos, pero en todo caso no es normal. Informes como éste suplen la falta de transparencia que hay desde el inicio respecto a la incineradora de Zubieta. Recordemos que la Administración tiene obligación legal de notificar los incidentes que se produzcan al Gobierno vasco y a la opinión pública. Ha habido centenares de casos de superación de límites de emisión y ni un aviso. Ha habido vertidos y ha sido la ciudadanía la que ha avisado. E incendios.
¿Consideran que la transparencia (o su falta) es el gran pecado del Consorcio de residuos (GHK) en la gestión de la incineradora?
Claro, es que había dos buques insignia de la incineradora de Zubieta: la transparencia y la infraestructura en sí misma, que nos la vendieron como si fuera un Mercedes de alta gama. Pero, volviendo a la transparencia, en mayo de 2017 José Ignacio Asensio dijo en una entrevista que iba a haber una web que informaría en tiempo real de las emisiones de la incineradora. ¿Dónde está la web?
Desde GHK les acusan a ustedes de mezclar cifras.
Cómo me acusas a mí de la información que doy cuando tú no das ninguna. El informe de la UPV/EHU de esta semana tiene enlaces a fuentes del Gobierno vasco. Son fuentes oficiales. Hablamos de la necesidad de ser transparentes, no de creer una cosa u otra.
Por otro lado, en el desmentido dicen que mezclamos periodos de prueba y operativos. Y esta cuestión es muy importante porque éste es otro gran pecado. En realidad no han estado probando. Y esto no es una opinión. Para probar tienes que tener todo terminado. Si falta algo no puedes probar, es igual que con los coches. Sin embargo empezaron a funcionar durante las obras. ¿Cuándo fue la inauguración de la incineradora?, nunca porque en realidad siempre estuvo en marcha… Desde que arrancó.
Hay tres procedimientos judiciales, creo. ¿Puede repasarlos someramente?
Y los tres se encuentran en el inicio. El primero empezó con los vertidos de amoniaco de 2020 a la regata de Arkaitzerreka. En la necropsia a una anguila se detectaron cloroalcanos, selenio, mercurio y otros metales pesados. La jueza pidió que se investigara el origen. Y ahora hay pendientes unos estudios del Instituto de toxicología judicial de Barcelona.
¿El segundo es el del vertido de color ocre?
Vertido, no. Filtraciones. Efectivamente a partir del 13 de julio de 2022 empezó a aparecer el agua de Arkaitzerreka de ese color. Se producían filtraciones que las autoridades negaron durante cuatro meses hasta que reconocieron que hay dos fosos que las tienen. En los análisis fueron detectados cromo, zinc, cobre y níquel. Lo más interesante es que a raíz de estas filtraciones aparecieron informes de las ingenierías IDOM y SGS, que trabajan para la Administración, que ya en diciembre de 2019 habían detectado metales pesados. Algo que sabían GHK y el Gobierno vasco.
Idom había encontrado dioxinas en las aguas que superaban entre 3 y 64 veces el valor de contaminación severa según la normativa holandesa, que es la única que existe al respecto. SGS parecido. Cuando aparecieron esos informes GHK dijo que las dioxinas serían producto de los movimientos de tierras, pero Idom ya lo había estudiando y decía que aquello era virgen y no había actividad previa. En 2016 no había dioxinas. Y hay más: Idom detectó también fenoles en el suelo, que son producto de la quema de plásticos y llegan por el aire. Es decir, hablamos de contaminación de suelo, de aire, de agua. Del origen de las dioxinas no dicen nada, pero nosotros tenemos una teoría.
¿Cuál es?
Un técnico le contó a Berria que cuando en noviembre de 2019 encendieron el horno hubo una avería y no funcionaba la depuracion de gases. Por contrato el sistema de depuración de gases de la incineradora debe ser seco, está prohibido que produzca líquido. El único tóxico que sale de ahí es la ceniza que se recoge en los filtros y se lleva a unos silos. Sin embargo en la zona donde se refrigera el aire se producía líquido y se inundaba. Resulta que tenían que rechazar el horno y pedir uno nuevo, pero la autorización se les caducaba. Así que hicieron un apaño: una canaleta con una purga para quitar el agua. Sucede que todo eso va al foso de escorias para enfriarse y se produce una evaporación. De ahí las toxinas.
¿Y el tercer proceso judicial?
El tercer proceso judicial tiene que ver con la alimentación del horno de residuos. Desde 2013 hay una ley y el cierre debe ser automático en tres supuestos (dos relacionados con la temperatura y uno con las emisiones). En el tercer supuesto no funciona así y es el operario el que debe dar una alarma llegado el caso para que no entren más residuos. Y no puede ser efectiva la autorización ambiental sin ese cierre automático. El funcionario que debía hacer el control no dijo nada. Y es el mismo que tuvo que ver la purga de la que hablábamos antes. De ahí la denuncia de prevaricación ambiental y la imputación correspondiente.
A la ciudadanía le llegan las denuncias y los desmentidos y resulta complicado llegar a conclusiones en asuntos tan técnicos.
Y no se transmiten las cosas como son. Quien denuncia no es GuraSOS, cuidado, que es la Fiscalía. Nosotros nos limitamos a colaborar con la justicia y a buscar los datos. Y reitero: la Administracióhn está obligada por un convenio de Estocolmo (‘contaminantes orgánicos persistentes’) a informar a la población de los peligros de las dioxinas. Hay un convenio para que desaparezcan las dioxinas y las incineradoras son la primera fuente. Y resulta que aquí en Gipuzkoa a quien investiga le acusan de alarma social. Sin embargo en seis años no nos han llevado ni una vez al juzgado por que hayamos hecho una denuncia falsa.
Otro asunto de los que quedan un tanto ‘borrosos’. ¿Cuál es la situación respecto a la polémica de Monpás?
Hace un mes la viceonsejería de Medio Ambiente del Gobierno vasco concedió la autorización a GHK para desviar la contiminación que se vierte hacia Arkaitzarreka y el Oria de modo que vaya al colector de aguas residuales del Añarbe. De ahí a la depuradora de Loiola y de ahí a Monpás. Ocurre que la depuradora de Loiola no es química, es biológica. No está preparada para depurar dioxinas ni metales pesados. Y eso terminaría en la Zurriola. Hemos pedido la suspensión cautelar poque por ley se necesita la autorización del propietario, que es la mancomunidad de Aguas del Añarbe. Y la administracion ambiental tiene que solicitar un informe preceptivo a Aguas del Añarbe que además es vinculante. Al Añarbe no le han pedido ningún informe. Y eso es una ilegalidad.
¿A qué achacan ustedes los problemas técnicos que denuncian ha sufrido la infraestructura?
A las prisas. Ha habido tres accidentes en el transformador, que es el elemento principal porque tiene que valorizar energéticamente la incineración y llevar energía a la red. Se quemó porque empezó con prisas y todo lo que ha venido después se ha resuelto con chapuzas. En 2015 anunciaron la construcción de la incineradora, pero la autorización ambiental era de 2010, muy vieja. Y el plan de residuos vencía en 2016 y el nuevo estaba sin hacer. Lo normal hubiera sido tramitar todo de nuevo y hacerlo con participación ciudadana. Fueron a juntas generales y prorrogaron el plan de residuos. Igual con la autorización ambiental. Pero no habían ni adjudicado el contrato y ya les había caducado todo.
La planta de Tratamiento Mecánico y Biológico (TMB) se puso en marcha para las elecciones de 2019, en abril. Para poner en marcha eso necesitaban el transformador. Lo instalaron sin autorización de Industria que les sancionó. Hubo un accidente y el mismo técnico del que hablábamos antes habló con Berria. Ese fue el inicio. Luego, el horno. Las obras iban con retraso, pero tenían necesidad de quemar ya la basura. Probaron sin terminar las obras. En mayo de 2020 ya estaban funcionando. Y el depósito de seguridad de descargas de amoniaco disponía de unas bombas que iba a un despósito de pluviales que estaba sin hacer.
Detrás del primer suceso y también de las emisiones ha habido prisas. Eso ocurre cuando lo político se mete en lo técnico. Y puede ser también que los financieros metieran prisa para empezar a cobrar los servicios.
¿Quién lleva ahora la gestión de la incineradora?
Ekondakin, la concesionaria, es una sociedad mercantil creada con varios socios: Meridian, el financiero, con el 50% del capital. El segundo es Urbaser, que se encarga de la gestión, con el 46%. Y el 4% restante se distribuye entre las tres constructoras vascas y LKS, encargada del diseño. Ahora nos encontramos en la fase operativa que corresponde a Urbaser y tiene la concesión por 35 años. En su momento Urbaser fue propiedad de una multinacional china. Y posteriormente ha sido vendida a un fondo de Estados Unidos.
Llegado este punto, ¿qué es lo que quiere GuraSOS?
Esta instalación es artificial, más una cabezonería que una necesidad. Se podía haber recurrido a Zabalgarbi, que está en Bilbao y contemplaba una ampliación, pero Gipuzkoa tenía que tener su incineradora. El mundo político y el técnico no coinciden como hemos dicho antes. En todo caso la incineradora está hecha. Ahora hay que hacer una mesa con ténicos, científicos, una parte social y la Administración. Y empezar a llevar a un control de verdad porque quienes llevan el control ahora están imputados. En otra entrevista de 2017 le preguntaron a Asensio: «¿Y si los parámetros no fueran los deseables?», y respondió: La primera consecuencia sería parar la planta y reparar lo que haya que reparar. Y no se reanudaría hasta que no hubiera un óptimo funcionamiento. Nosotros no pedimos más».
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