La Comisión Mixta de Transferencias se reunirá el próximo 10 de mayo para aprobar el traspaso a Euskadi de las competencias acordadas entre los Gobiernos vasco y español. Ese encuentro sellará el traspaso de las tres prisiones vascas, así como del transporte por carretera, el edificio Distrito Marítimo de Ondarroa y la gestión del código bibliográfico ISSN. El traspaso será efectivo en octubre. Tal y como se ha explicado cuando se construya la prisión de Zubieta, el Gobierno Vasco devolverá Martutene al español y asumirá la titularidad del nuevo establecimiento penitenciario.
Durante una comparecencia junto con el vicelehendakari primero y presidente de la Comisión Mixta, Josu Erkoreka, la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno Olatz Garamendi ha señalado que este traspaso de las funciones y servicios sobre la ejecución de la legislación estatal penitenciaria “supone asumir la competencia exclusiva para la organización, régimen y funcionamiento de los establecimientos penitenciarios”.
El Gobierno Vasco asumirá una red completa de recursos materiales con los que prestar el servicio público penitenciario. Actualmente hay alrededor de 1.300 reclusos en las cárceles de Zaballa (Araba), Martutene (Gipuzkoa) y Basauri (Bizkaia), de los que aproximadamente un centenar son mujeres.
Cuando se construya la prisión de Zubieta, el Gobierno Vasco devolverá Martutene al español y asumirá la titularidad del nuevo establecimiento penitenciario. Las obras de construcción de esta prisión fueron adjudicadas por el Gobierno español el pasado mes de marzo por un importe cercano a los 39 millones de euros. Deberá ejecutarse en 22 meses, por lo que, según los plazos de obra establecidos, será una realidad en primavera de 2023.
En cuanto a los empleados, la consejera Garamendi precisó que son alrededor de 700 las personas que trabajan en los tres centros. En su mayoría son funcionarios de prisiones y el resto personal laboral. El Gobierno Vasco los integrará en la Función Pública vasca y se hará cargo de sus retribuciones y sus derechos adquiridos hasta el momento de la transferencia serán respetados.
La valoración económica de la transferencia asciende a 70 millones de euros, explicó Garamendi, cantidad que se descontará del Cupo y se trasladará a los Presupuestos para poder financiar el conjunto de funciones y servicios asumidos. El traspaso se hará efectivo a partir del próximo 1 de octubre.
La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno ha señalado que los dos gobiernos también han acordado la transferencia del transporte por carretera, de modo que el Gobierno Vasco asumirá la ordenación, coordinación, inspección y control del transporte por carretera que discurre íntegramente dentro de la Comunidad Autónoma de Euskadi, así como los que, sin que discurran por ella, tengan su origen y destino en Euskadi. En resumen, asumirá la gestión de autorización de operador de transporte, otorgamiento y gestión de concesiones de transporte y gestión de los exámenes de competencia profesional.
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