(EFE). Las Juntas Generales de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de San Sebastián se han interesado por el caso de Rocky Myers, un afroamericano con discapacidad intelectual que se encuentra desde 1994 en el corredor de la muerte de Alabama y en cuyo favor trabaja el grupo de Amnistía Internacional de Donostia.
La abogada del recluso, Kacey Keeton, y la investigadora social Miriam Bankston viajarán desde los Estados Unidos para comparecer el próximo viernes antes las comisiones de Derechos Humanos de ambas instituciones guipuzcoanas.
Amnistía Internacional ha explicado este martes en un comunicado que el objetivo de estas comparecencias es informar sobre los detalles del caso y de las acciones que se pueden emprender para evitar la ejecución de esta persona en un procedimiento que, según esta organización, «plantea numerosas interrogantes legales».
La implicación de las dos instituciones guipuzcoanas en un caso que deberá dilucidarse a más de 7.000 kilómetros se debe a la intervención del grupo de activistas de Amnistía Internacional en San Sebastián, que trabaja en favor de Myers desde hace ya dos años.
De hecho, su figura protagonizó, el pasado 30 de noviembre, la movilización anual contra la pena de muerte ‘Ciudades por la Vida’ en San Sebastián, ciudad que desde 2016 ha iluminado la fachada del Ayuntamiento en esta jornada secundando una iniciativa de la organización internacional defensora de los derechos humanos.
En la última convocatoria, Amnistía Internacional llamó a la ciudadanía a participar en una fotografía de grupo frente a la fachada iluminada de rojo, con una pancarta en la que figuraba el nombre de Rocky Myers, instantánea que posteriormente fue remitida a la gobernadora y a diferentes agentes del Estado de Alabama.
Según esta organización, Myers padece una discapacidad intelectual, que le fue diagnosticada cuando tenía 11 años, que le provoca dificultades para leer y recordar fechas u horarios.
Su vida cambió para siempre una noche de 1991, en Decatur (Alabama). Una mujer blanca de edad avanzada fue asesinada en un barrio de población mayoritariamente negra. Rocky vivía enfrente.
La misma fuente asegura que Rocky fue declarado culpable de asesinato pese a que «no había pruebas» que lo vincularan con el lugar del crimen, «excepto un aparato de vídeo que pertenecía a la víctima y que él sostiene que encontró abandonado en la calle».
Aministía Internacional afirma que «los testimonios principales» en contra de Meyers estaban empañados por «contradicciones y denuncias de presiones policiales», y que uno incluso fue «retractado posteriormente por falso».
El jurado, conformado mayoritariamente por personas blancas, declaró a Rocky culpable, pero recomendó la cadena perpetua, aunque el juez le condenó a muerte.
Además, la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió que las personas con discapacidad intelectual corren un peligro especial de ejecución injusta, pero su abogado lo abandonó, por lo que se le pasaron los plazos para apelar. La ejecución podría ser programada en cualquier momento, advierte la fuente.
Kacey Keeton, la abogada que comparecerá el viernes en San Sebastián, ha asegurado que tanto Rocky como cada uno de los miembros del equipo jurídico tienen la esperanza de que su historia ayude a las personas a entender «los problemas del sistema de justicia de Alabama y de los Estados Unidos».
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