Agentes de la Policía Nacional de San Sebastián han culminado, dentro de la denominada Operación Ipurúa, una investigación que se enmarca en la detección de empadronamientos ficticios de ciudadanos extranjeros en viviendas de Gipuzkoa. Según ha informado la Delegación del Gobierno en su comunicado, estas viviendas (en concreto una de Eibar y otra de Irun) «no constituyen el domicilio real, sino que sirven al único propósito de la obtención de un certificado de empadronamiento que será posteriormente utilizado con fines fraudulentos».
En ambos casos se ofertaba, «a través de publicaciones en un portal de anuncios clasificados, el empadronamiento fraudulento de personas en las respectivas viviendas a cambio de una contraprestación económica».
El caso de Irun
En el caso de la vivienda situada en la calle Salis de Irun, la propietaria, una española de 47 años, llegó a empadronar a 13 personas, en su mayoría ciudadanos extranjeros, tras la publicación del anuncio. Algunos de ellos se encontraban en situación irregular en España y ninguno de ellos había residido de manera efectiva en la vivienda. La dueña de la vivienda habría cobrado por su empadronamiento cantidades económicas que oscilan entre los 150 y los 780 euros, «hecho por el que se enfrenta a sanciones que superan los 35.000 euros».
También se logró averiguar que dos de estos ciudadanos extranjeros residían en realidad en Francia, habiendo pagado a esta persona por su empadronamiento con el fin de acreditar una residencia efectiva en España y de esta manera no perder el permiso de residencia del que son titulares. Lo mismo hicieron otros dos de los empadronados, que en este caso se encontraban residiendo en Reino Unido al menos desde hace tres años.
Ahora la Policía ha iniciado trámites «tendentes a la extinción de los permisos de residencia de estas cuatro personas». Por otro lado, se han iniciado otros seis expedientes sancionadores contra los ciudadanos extranjeros empadronados irregularmente en la vivienda, los cuales se enfrentan a sanciones que oscilan entre los 501 y los 10.000 euros.
Y el caso de Eibar
En lo que se refiere a la vivienda ubicada en la calle Wenceslao Orbea de Eibar, la investigación apunta al titular del contrato de arrendamiento de esta vivienda, un ciudadano extranjero de origen Marroquí de 60 años de edad que fue quien publicó el anuncio y había empadronado en la vivienda a 7 personas. Al igual que en el caso anterior, «se trata de ciudadanos extranjeros en su mayoría y varios de ellos en situación irregular en España».
La Policía, que sospechó de varios casos, pidió documentación al Servicio Vasco de Empleo, Lanbide. Cruzando datos, llegó a la conclusión de que en cinco subcontratos de arrendamiento se había falsificado la firma de la propietaria del inmueble, y en una declaración jurada la de una de las personas empadronadas en la vivienda. Se quería con todo esto «esquivar la pérdida, total o parcial, de las prestaciones económicas que recibe por parte de Lanbide».
No en vano, el Servicio vasco de Empleo «se había percatado del aumento del número de personas empadronadas en la vivienda y por eso realizó varios requerimientos para que justificase el motivo. En ese momento, el investigado fabricó estos documentos para los que precisaba la firma como autorizante de la propietaria. Y, al no contar con esta autorización, optó por simular su firma en los subcontratos de arrendamiento, al igual que hizo en el caso de la firma de una de las personas empadronadas.
Valiéndose de estos documentos, en los que simulaba un subarriendo de parte de la vivienda a precios prácticamente simbólicos, pudo continuar percibiendo los 952,41 euros que percibe mensualmente en concepto de Renta de Garantía de Ingresos y Prestación Complementaria de Vivienda.
Por estos hechos el investigado fue detenido en la mañana del día 17 de octubre en su vivienda de Eibar. También ha sido sancionado por la Subdelegación del Gobierno en Gipuzkoa con una multa de 2.004 euros por autorizar estos empadronamientos ficticios.
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