(EFE). El Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK) ha asegurado este jueves que «no hay causa» para la apertura de un expediente sancionador contra Ekondakin, el grupo empresarial que gestiona la planta de gestión de residuos guipuzcoana de Zubieta, como pide el Gobierno navarro.
GHK ha respondido de esta manera en un comunicado a la solicitud de la Consejería navarra de Medio Ambiente al Gobierno Vasco para que inicie un expediente sancionador contra Ekondakin por el envío de lixiviados a la planta navarra de Artajona.
En su nota, el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa recuerda al consejero navarro de Medio Ambiente, José Mari Aierdi, que el Gobierno Vasco «ya ha señalado de forma reiterada que, tras haber valorado toda la información» sobre la gestión del residuo de Ekondakin, «no existe ningún incumplimiento en la gestión realizada», por lo que a su entender «no hay causa para la apertura de un expediente sancionador».
Aierdi informó ayer en el Parlamento de Navarra que el Gobierno foral ha notificado a las autoridades medioamientales vascas «para que inicien un expediente sancionador a la empresa Ekondakin» por trasladar lixiviados a la planta de Ecofert de Artajona.
«No puede esta administración abrir un expediente sancionador a una empresa localizada en otra comunidad, lo tiene que hacer a través de las autoridades medioambientales de esa comunidad», explicó el consejero.
En su respuesta, GHK sostiene que «la responsabilidad de lo que suceda en una instalación de tratamiento de residuos de Navarra le corresponde al Gobierno de Navarra y a su Departamento de Medio Ambiente».
En consecuencia, lo que suceda en Artajona «ha sido desde el principio y sigue siendo a día de hoy responsabilidad del área que dirige el consejero Aierdi».
«El Gobierno de Navarra -añade- es el único responsable de que se dé cumplimiento a la ley y a los artículos citados en las instalaciones de tratamiento de Navarra, así como de la revisión de toda la información recibida por parte de Ecofert», gestora de la planta de Artajona.
«Siendo estas cuestiones de la exclusiva responsabilidad del Gobierno de Navarra y de su consejero Aierdi, no se entiende la insistencia en implicar a otras administraciones en lo que a todas luces parece un intento de desviar la atención», recalca GHK.
Tras apelar también al «respeto institucional debido al ámbito competencial de cada comunidad autónoma», el consorcio opina que el consejero Aierdi «debería conocer que, más allá de la colaboración interinstitucional entre administraciones, no existe ningún procedimiento reglado por el cual una administración inste a otra a que ejerza su potestad sancionadora».
«Por ello, apelamos al consejero para que sus declaraciones se realicen con el debido fundamento jurídico y en el ámbito del respeto institucional», concluye GHK. Más información sobre la polémica de los lixiviados, aquí.
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