(EFE). La Fiscalía ha mantenido este jueves su petición de catorce años de prisión para diez de los trece acusados de intentar matar y robar a un joven en mayo de 2021 en Pasai Antxo (Gipuzkoa) y de 17 años para otros dos, si bien ha retirado su acusación contra una de las procesadas.
El representante del Ministerio Público ha elevado de esta manera a definitivas sus conclusiones provisionales, durante la última sesión del juicio por estos hechos que se ha celebrado desde la semana pasada en la Sección Tercera de la Audiencia de Gipuzkoa.
No obstante, el fiscal ha pedido que en caso de que los procesados, cinco mujeres y ocho hombres, no sean considerados autores de un delito de homicidio en grado de tentativa sí lo sean por un delito de lesiones agravadas por el uso de instrumentos peligrosos.
Por su parte, la acusación particular, que ejerce la víctima, ha solicitado veinte años de prisión para once de los trece procesados y 25 para los otros dos y, a diferencia del Ministerio Público, no ha retirado sus imputaciones a ninguno de ellos.
Las defensas de los trece inculpados, quienes durante el juicio han negado tajantemente haber tomado parte en la agresión, han reclamado la libre absolución de sus clientes.
Un detenido
Se da la circunstancia de que uno de estos procesados, que fue detenido ayer por desacato a agentes de la autoridad y agredir a un ertzaina tras un incidente ocurrido en un receso de la vista, no ha estado presente en la sesión de hoy.
Según ha desvelado al inicio de la vista la magistrada presidente del tribunal, este hombre se encontraba aún en el Juzgado de Guardia y presentaba un importante estado de «alteración» por lo que, por «razones de seguridad» el juicio ha continuado sin su presencia.
En este momento, la magistrada ha advertido también a los acusados de que no iba a permitir comportamientos «intolerables» como los que ayer derivaron en la detención de este procesado, si bien en algunos momentos de la vista uno de ellos ha tenido que ser desalojado puntualmente por interrumpir la vista con sus comentarios.
Durante el trámite final de presentación de informes, el fiscal ha considerado probado que la víctima fue asaltada la noche del 14 al 15 de mayo de 2021 por los procesados que presuntamente le amenazaron y le agredieron para robarle un patinete eléctrico, la cartera y una cazadora, varios de ellos con golpes, palos y una botella, y dos con sendas armas blancas.
Testimonio de la víctima
Para ello, el representante del Ministerio Público ha otorgado total credibilidad al testimonio de la víctima, un menor que cuando sucedieron los hechos tenía 17 años, y que, según ha detallado, reúne todos los requisitos que demanda la doctrina del Tribunal Supremo como principal prueba de cargo contra los procesados.
El fiscal ha explicado además que la declaración de la víctima resulta creíble y mantenida en el tiempo desde que ocurrieron los hechos hasta el momento de la vista oral de una forma «coherente» en lo «esencial» de su relato.
Asimismo, ha sido «persistente» en la incriminación de los procesados, además de estar apoyada por «elementos periféricos» como las heridas sufridas, la existencia de dos gotas de sangre de un encausado en un portal próximo, y la aportación de fotografías a la causa que obtuvo de los perfiles de varios de lo acusados en la red social Instagram.
El fiscal ha mantenido también que varios de los procesados han incurrido en «contradicciones» durante la vista y, sobre el informe de los forenses que mantiene que las lesiones del perjudicado no afectaron a órganos vitales, ha explicado que esto fue así porque el damnificado logró desviar las cuchilladas hacia otras zonas de su cuerpo, en un contexto en el que estaba siendo amenazado de muerte.
Retira una acusación
El representante del Ministerio Público ha desvelado además que su decisión de retirar la acusación contra una de las procesadas responde al hecho de que la víctima no pudo reconocerla el día que declaró en el juicio oral.
Salvo esta última exculpación, la acusación particular ha compartido por su parte el resto de argumentos de la Fiscalía, al tiempo que ha hecho hincapié en la situación que atraviesa la víctima a raíz de lo sucedido ya que, como ha explicado, le han «cambiado la vida» porque tuvo que dejar su domicilio, perdió su empleo, a sus amigos y su relación sentimental, además de haber sufrido «amenazas» para no identificar a un procesado en una rueda de reconocimiento.
Las defensas de los encausados han mantenido por su parte que sus clientes no participaron en los hechos, algunos de ellos porque ni siquiera se encontraban en Pasaia en aquel momento, aunque también han desacreditado la forma en la que fueron identificados con «poco rigor» a través de fotos de perfiles de una red social.
Uno de los letrados defensores ha dicho tener la convicción de que incluso a la víctima «se le dijo quiénes eran» los autores de los hechos y por otra parte ha recordado que las heridas que sufrió la víctima no eran mortales.
Otros defensores han criticado también la instrucción judicial de la causa, de la que han dicho que fue «inexistente» y «un coladero», al igual que la investigación policial de la Ertzaintza a la que han reprochado «falta de rigurosidad».
No estaba en Pasaia
Por su parte, el letrado de los dos acusados de acuchillar a la víctima ha insistido en que no se obtuvieron evidencias biológicas de ninguno de ellos en el lugar de los hechos, ha precisado que uno ni siquiera estaba en Pasaia, como han asegurado tres testigos que lo situaron en Astigarraga, y ha criticado la «actuación» de la Ertzaintza al no recoger la ropa del agredido para poder determinar si en ella había vestigios de los agresores.
En la parte final del juicio, todos los inculpados han ejercido su derecho a decir la última palabra para volver a declararse inocentes. En el caso del único de ellos que permanece en prisión provisional ha dicho además ser víctima de «maltrato psicológico» por permanecer como «preventivo» en la cárcel tres años «sin pruebas»
El abogado de este hombre ha pedido seguidamente su puesta en libertad provisional por entender que mantenerlo en prisión supone un «agravio» respecto al resto de encausados, una solicitud a la que se han opuesto tanto la Fiscalía como la acusación particular.
Esta situación ha dado paso a unos momentos de tensión por las quejas que ha expresado el procesado, que sin embargo no han dado lugar a mayores incidentes y el juicio ha quedado visto para sentencia.
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