Los operadores de transporte de Euskadi mostraron este jueves su voluntad de llegar al tope de los descuentos en sus sistemas de transporte propiciados por el Gobierno central y acordaron iniciar la tramitación administrativa para poder materializar las bonificaciones a partir del 1 de septiembre. De primeras las instituciones vascas estiman que elevar el descuento al 50% en todo el transporte público supondría un gasto de 14 millones de euros adicionales para las haciendas.
El consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, Iñaki Arriola, presidió este jueves en la sede del Gobierno Vasco en Vitoria-Gasteiz el pleno de la Autoridad del Transporte de Euskadi (ATE) en el que se analizó el real decreto ley con el que el Gobierno central ha regulado bonificaciones al transporte público como respuesta a la crisis de Ucrania y al alza de precios.
El decreto establece un sistema de ayudas directas a las Comunidades autónomas y las entidades locales que se comprometan a implantar una reducción del precio de los abonos de transporte del 30% entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre. Y contempla la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan sumar, con cargo a sus presupuestos, una rebaja adicional de hasta el 20%.
Arriola avanzó que Euskotren, sociedad pública dependiente del Departamento de Transportes del Gobierno Vasco, aplicará en sus servicios de las tres provincias el 20% de descuento adicional con cargo a las arcas autonómicas, dos millones de euros. “Se trata de una medida social y ecológica que va a beneficiar a toda la ciudadanía, especialmente a las clases medias y trabajadoras, y está encaminada a potenciar y fomentar el transporte público, desincentivar el vehículo privado y reducir con ello, además, las emisiones de CO2”, ha enumerado.
Los responsables institucionales de los operadores representados en la reunión de la ATE mostraron su voluntad política de alcanzar también en sus sistemas de transporte el máximo de la bonificación. «Vamos a pedir a las distintas haciendas que estudien pormenorizadamente la incidencia económica que supone para cada administración su adopción, la valoren y puedan llegar a un entendimiento sobre la base de un esfuerzo conjunto, compartido entre todas las instituciones vascas”, explicó Arriola.
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