(EFE). El Gobierno Vasco está rechazando peticiones de traslado de presos que quieren cumplir su condena en Euskadi porque ve «limitada la posibilidad de asumir» a más reclusos después de que la población penitenciaria haya crecido en casi 300 personas en el último año.
Esta limitación ha afectado a ocho presos de ETA cuyas solicitudes no han sido aceptadas, ha informado la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, en una comisión del Parlamento Vasco.
«Este hándicap podrá corregirse con el adecuado dimensionamiento de la plantilla y con el aumento de capacidad que va a suponer el futuro nuevo centro penitenciario Gipuzkoa en Zubieta», que se pondrá en marcha en 2024, ha explicado.
En concreto, desde que el Gobierno autonómico asumió la gestión de las cárceles vascas hace un año, ha recibido 437 solicitudes de presos para trasladarse a Euskadi y ha denegado 222. En muchas ocasiones por no cumplirse el requisito de arraigo, como es el caso de los ocho reclusos etarras que lo tenían en Navarra u otras comunidades autónomas, han explicado fuentes de Departamento.
Las mismas fuentes han precisado que en las cárceles hay un nivel máximo de ocupación y otro óptimo, que es el actual en Euskadi, por lo que el Departamento de Artolazabal dispone de «un margen razonable» para acoger a más reclusos.
En el último año se han autorizado 178 peticiones de traslado, de las cuales 81, es decir el 6 %, corresponden a reclusos de la banda terrorista.
La consejera ha detallado que desde el 1 de enero de 2021 la población penitenciaria ha pasado de 1.290 personas a 1.562, es decir 272 más. El 8,9 % del total, son presos de ETA, esto es, 139.
El incremento de reclusos se debe a dos factores. El primero es que hay más encarcelamientos que puestas en libertad: 875 frente a 748.
Antes del traspaso de la competencia estas «difíciles situaciones» se resolvían «distribuyendo a buena parte de la población reclusa en otras comunidades autónomas» pero ahora «la práctica totalidad de quienes ingresan aquí se quedan aquí», ha dicho.
La segunda razón es «el flujo de traslados» entre el País Vasco y otras autonomías: frente a los citados 178 presos trasladados a Euskadi, 120 cumplen ahora su condena en una cárcel de fuera.
Este mayor número de internos «no ha impactado negativamente en las condiciones de vida» dentro de la cárcel «pero sí limita la posibilidad de asumir todos los traslados de personas penadas que solicitan cumplir la pena en Euskadi», ha reconocido Artolazabal.
Por ello es necesario «priorizar» las peticiones de traslado en función de varios criterios, entre ellos el «arraigo enfocado a las posibilidades de reinserción» y los años de condena cumplidos «lejos del entorno familiar y social», ha dicho sin citar de manera expresa a los presos de ETA.
El modelo penitencio vasco, ha reiterado, apuesta por la reinserción por ser la manera más efectiva para evitar la reincidencia y por ello se han concedido 503 terceros grados, 32 de ellas a etarras.
Sobre la revocación por la Audiencia Nacional de la concesión de terceros grados a cinco presos de la banda (hay algunos más recurridos por la Fiscalía), ha vuelto a defender el «trabajo riguroso de los equipos técnicos en la valoración individualizada de cada persona y en la motivación de sus propuestas».
Ha recordado que los funcionarios que hacen estos informes son los mismos que hacían esta tarea antes de la transferencia de prisiones a Euskadi y que se trata de un colectivo que ha sido amenazado e incluso asesinado por ETA.
«Eventuales impugnaciones o revocaciones no desautorizan ese trabajo», ha recalcado Artolazabal, que ha añadido: «No existe trato de favor, ni de desfavor, en ningún caso: ni para los traslados, ni para el tratamiento, ni para las progresiones».
De hecho, ha recalcado, cuando la Audiencia Nacional ha revocado estas progresiones «no rebate la argumentación», sino que «hace una valoración subjetiva de la postura del interno y parece exigirle algo complementario» y aunque «reconoce que hay empatía con las víctimas» cree que «es necesario que (los etarras) den un paso mayor».
En este momento hay en las cárceles vascas 1.562 presos, de los cuales 1.381 son penados y 181 preventivos. Hay 841 reclusos en segundo grado y 441 en distintas modalidades del tercer grado, además de 230 en libertad condicional.
Para atenderlos hay una «insuficiente» plantilla de 675 funcionarios. La consejera ha cifrado el «déficit de personal» en 120 personas y ha explicado que las vacantes se cubrirán con una OPE, que confía en «al menos anunciar» antes de que acabe la legislatura en 2024.
Este es sin embargo un proceso largo ya que antes es necesario crear los cuerpos y escalas penitenciarios y aprobar la Relación de Puestos de Trabajo. Por ello se han articulado «soluciones transitorias» como una bolsa de trabajo con 60 plazas con incorporación prevista antes de final de año.
La «compleja herencia recibida» incluye también «limitaciones en las infraestructuras»: un «centro pequeño y antiguo» en Bizkaia, otro «aún más viejo en Gipuzkoa» -será sustituido por otro con doble capacidad en 2024- y uno «moderno pero sin redimensaionar la plantilla» en Álava.
Hay por tanto una «necesidad perentoria» de ejecutar «algunas obras imprescindibles» también en Martutene para «garantizar condiciones adecuadas», ha señalado la consejera, que pese a las dificultades de este primer año ha expresado su «satisfacción con el balance» y ha destacado la «fluida y positiva relación» con la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias.
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