(EFE). El Gobierno Vasco va a desplegar un Primer Plan de Contingencia para la acogida de desplazados como consecuencia de la invasión de Ucrania, que tendrá una vigencia inicial de tres semanas y que contempla dos escenarios con la llegada de 3.000 personas o más.
El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha presidido este jueves una reunión interinstitucional para coordinar la estrategia de acogida de refugiados ucranianos en Euskadi en la que también han participado seis ONG que trabajan en esta área.
Al inicio de la reunión, el lehendakari ha explicado que este plan tiene un carácter «provisional» porque en estos momentos «resulta imposible predecir el número de personas que pueden llegar a Euskadi» o los propios plazos de llegada.
Además, se desconocen los recursos que el Estado va a articular para la aplicación de la directiva europea en cuanto a los derechos que otorga la protección temporal o las ayudas económicas para la subsistencia de los desplazados.
Pese a las incertidumbres, las administraciones vascas se ven ante la «obligación de disponer con antelación los recursos necesarios para ofrecer una acogida digna a las personas refugiadas» y por ello el Gobierno Vasco prevé dos escenarios.
El primero de ellos, el que responde a la realidad actual, contempla la hipótesis de que durante estas primeras semanas puedan llegar a Euskadi entre 500 y 700 personas.
Para atenderlas se recurriría a las plazas disponibles del Sistema de Acogida e Integración del Estado, gestionadas, entre otras, por las oenegés CEAR, Zehar Errefuxiatuekin y Cruz Roja.
Además, están los recursos de los centros de Irun, Oñati, Tolosa y Berriz que pueden llegar a albergar a 200 personas, así como alojamientos y hoteles de Euskadi, viviendas que puedan ofrecer Alokabide y los ayuntamientos y otras ofertadas de manera solidaria por la ciudadanía.
El segundo escenario contemplado prevé la llegada de entre 700 y 1.500 personas, en el supuesto más bajo, y entre esta cantidad y 3.000 o más, en el más alto.
Junto con los recursos habitacionales del anterior escenario, para este se prevé desplegar una serie de servicios como una red de traductores voluntarios, mediante un llamamiento a personas de origen ucraniano residentes en Euskadi, un servicio de información y acogida inicial en aeropuertos, estaciones de trenes y autobuses, y otro de recepción y orientación en cada una de las tres capitales.
Se contempla ofertar un alojamiento de urgencia en hoteles y hostales de hasta quince días, un plazo, ampliable en caso de necesidad pero que se considera suficiente para encontrar una solución habitacional estable.
El plan prevé también un servicio de acompañamiento para una solución habitacional estable en viviendas de familiares ucranianos o allegados, de otras dispuestas por las instituciones y las ofrecidas por los ciudadanos.
Se prevé que las diputaciones forales ofrezcan atención precisa a menores sin referente familiar y a personas en situación de vulnerabilidad, así como la organización de grupos de voluntarios en cada localidad como «puntos de referencia» y apoyo para las familias que se instalen en cada municipio.
Urkullu ha dicho que la disposición del Gobierno Vasco en este ámbito es actuar en un «marco de colaboración plena y leal con el Gobierno español en el ámbito de las competencias y recursos que así lo requieran».
Ha recordado que desde el punto de vista normativo, las instituciones vascas tienen la «determinación de cumplir las obligaciones del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de las personas refugiadas».
Y desde el punto de vista ético, ha concluido, el marco de referencia es el Pacto Social Vasco para la Migración, de 2019, que compromete a las instituciones a «ofrecer lo que necesitaríamos recibir, en caso de encontrarnos en una situación similar».
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