In extremis ha evitado Etxegintza que Enara y sus cuatro hijos menores acaben en la calle una vez que les anunciaron que tenían que abandonar la vivienda de alquiler en que residían. La familia, que percibe la RGI (y tenía al día los pagos del alquiler), se encontró entonces con que la media de los arrendamientos en Donostia ronda los 1.300 euros. Y lograr conseguir un alquiler se convirtió en tarea imposible aunque desde enero de 2016 la familia tenía reconocido el derecho a una vivienda social.
La intervención de Stop Desahucios, que había dado a conocer el caso y se ha concentrado esta mañana para alertar de que ésta es la situación de muchas familias en Euskadi, ha sido esencial para que el problema se haya resuelto en esta ocasión con la intervención de Etxegintza, que ha dotado a la familia de una vivienda.
Rosa García, la representante de la plataforma, se ha mostrado muy crítica con Etxebide, se ha referido las viviendas vacías como fruto de los desahucios de los bancos y ha abogado por gravar las casas deshabitadas y reformar la fiscalidad entre otras medidas.
El lunes miembros de la plataforma Stop Desahucios se reunirán con el consejero de Vivienda al que trasladarán la serie de medidas que contemplan para «movilizar las viviendas vacías» y «que toda familia y persona pueda disponer de un techo».
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