La brecha de ingresos entre las personas con discapacidad y el resto de la población es de 4.700 euros de media (23.204 euros frente a 27.905 euros), por lo que Elkartean demanda a las instituciones competentes que adopten las medidas necesarias para asegurar unos ingresos suficientes que permitan ejercer el derecho a la vida independiente.
Elkartean ha hecho público hoy el estudio sobre la situación económica de las personas con discapacidad en Euskadi. El informe está hecho en colaboración con el SIIS-Servicio de Información e Investigación Social.
Para elaborar este trabajo se han utilizado datos fiscales facilitados por el Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa, que son extrapolables a toda la Comunidad Autónoma.
Solamente una de cada cinco personas con discapacidad (22,7%) percibe ingresos derivados de una actividad laboral y/o económica, frente a casi el 60,0% entre la población sin discapacidad (58,6%).
El estudio aborda también la situación de pobreza y exclusión social a través del indicador AROPE (indicador creado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social que contabiliza la población que se encuentra en riesgo de pobreza, con carencia material o con baja intensidad en el empleo).
Los datos muestran que ambas situaciones tienen un alcance significativamente más alto entre las personas en situación de discapacidad, dado que el diferencial resultante es de 10,4 puntos (29,9% frente al 19,5%), siendo asimismo considerables las diferencias que se observan en los tres indicadores que lo conforman: tasa de riesgo de pobreza (6,4 puntos superior), privación material severa (3,0 puntos superior) y baja intensidad laboral (10,5 puntos superior).
Personas jóvenes con discapacidad
La fuente de ingresos provenientes de una actividad laboral o económica entre las personas con discapacidad con una edad comprendida entre los 18-24 años es del 31,0% (el 56,5% las personas sin discapacidad), y entre los 25-34 años del 58,5% (83,4% las personas sin discapacidad).
Por otra parte, el 42,0% de personas con discapacidad entre 18-24 años percibe una prestación no contributiva (el 5,4% las personas sin discapacidad), y entre 25-34 años el 30,1% (el 5,4% las personas sin discapacidad).
Mujeres con discapacidad
Por fuente de ingresos, las diferencias de mayor envergadura se dan entre los perceptores de ingresos de naturaleza contributiva, dado que los hombres ingresan alrededor de 4.500€ más que las mujeres (21.020€ frente a 16.480€). Existen asimismo diferencias, entre los hombres y las mujeres con discapacidad que perciben ingresos por trabajo (18.664€ frente a 16.742€, respectivamente).
Incumplimiento de la Convención
Los datos reflejados en el estudio muestran, según Elkartean, “un evidente incumplimiento de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, que reconoce el derecho a un nivel de vida adecuado y a la protección social. La combinación del sobrecoste de la discapacidad y un inferior nivel de ingresos obstaculiza gravemente el derecho de las personas con discapacidad a vivir de forma independiente y a participar en la comunidad en condiciones de igualdad”.
Por ello, esta entidad demanda que las instituciones competentes adopten, de manera coordinada entre diferentes sistemas (Servicios Sociales, Sistema de Garantía de Ingresos, Sistema de Empleo, Sistema Fiscal, Sistema de Pensiones, etc.) y con la participación de las organizaciones que representan a las personas con discapacidad, las políticas y medidas necesarias para mitigar el sobrecoste de la discapacidad, por una parte, y, por otra, asegurar ingresos económicos suficientes para hacer efectivo el derecho a la vida independiente. El estudio se encuentra disponible en la página web de elkartean.org.
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