Elkarrekin Donostia ha presentado una moción de cara al pleno de la próxima semana que plantea incrementar el porcentaje de vivienda pública en el proyecto de los Cuarteles de Loyola hasta el 80%. Además deberá ser de alquiler. “Entendemos que es una cifra ambiciosa, pero sólo con esta pretensión podemos hacer frente a un problema de impacto intergeneracional como al que nos enfrentamos”, ha aseverado Victor Lasa, portavoz de la coalición conformada por Podemos, Ezker Anitza-IU, Berdeak Equo y Alianza Verde.
En una rueda de prensa para informar de esta iniciativa, Lasa ha recordado que el avance del Plan General de Ordenación Urbana señala que de las 1.400 viviendas que se contemplan en el proyecto, solo 560 serían
en régimen protegido, eso es, el 40% del total, lo que representa el mínimo legal establecido según la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo. A este respecto, el portavoz de Elkarrekin Donostia ha lamentado que el Gobierno municipal «sigue sin clarificar cuál será el porcentaje final de vivienda pública en esta operación urbanística, si bien muestra en todo momento satisfacción y conformismo con alcanzar el 40% mencionado».
La situación de emergencia habitacional en Donostia «es insostenible», con el metro cuadrado más caro del Estado (5.191 euros), y uno de los más caros de Europa. Ante esta situación, Lasa ha denunciado que el gobierno municipal parece paralizado. “No se ha acercado a llegar ni al 30% de los objetivos de construcción de vivienda que se propuso hace ocho años. La vivienda pública en Donostia apenas alcanza el 3.75%, muy lejos de la media europea del 9%. Ni qué decir, a años luz de ejemplos a seguir como Viena, donde alcanza el 60%”.
En este contexto, la operación de los Cuarteles de Loiola -ha aseverado- se presenta como «una oportunidad
que puede significar un cambio histórico en cómo concebimos el mercado de la vivienda en Donostia».
Sin embargo, Lasa ha denunciado que en los últimos ochos años este gobierno de PNV y PSE en mayoría
«solo ha ofrecido incertidumbre y decisiones incomprensibles». A este respecto, ha puesto como ejemplo
el reciente anuncio de nuevas viviendas en el Alto de Errondo, donde el 0% será público, a pesar de que el
ayuntamiento es dueño del 25% del terreno. «Este anuncio es preocupante porque, en principio, siendo un
Plan Parcial, debería destinarse a vivienda pública al menos el 75% de la edificabilidad. Siendo el
ayuntamiento propietario parcial del suelo, debería ser incluso más».
“Solo propone nuevas promociones en zonas ya saturadas de población, como Jolastokieta o Riberas de
Loiola, sin tener en cuenta el impacto en otras variables clave como la movilidad. Y llegando a extremos absurdos, como el anuncio de traslado de las nuevas zonas verdes correspondientes a estos nuevos
desarrollos a zonas de Igeldo. Surrealista”, ha censurado.
“Debemos equipararnos a los países europeos, en los que la edad de emancipación media se coloca en la veintena, no pasados los 30, como sucede aquí. Dos tercios de los jóvenes vascos menores de 35 años aún viven con sus padres. Esto debería ser la alarma que hiciera despertar a todas las instituciones vascas del largo letargo en el que han pasado las cuatro últimas décadas. No se han aplicado soluciones suficientes para hacer de la vivienda un derecho reconocido, para que sea accesible y digna”, ha enfatizado.
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