La conceajala Haizea Garay, concejala del grupo municipal Elkarrekin Donostia, interpeló al gobierno municipal en las comisiones del pasado lunes en relación al motivo por el que desde el gobierno municipal se ha rechazado la posibilidad de un doble gravamen a las viviendas vacías en la ciudad. En palabras de Garay, «el Gobierno municipal ignora la realidad de la población donostiarra que ve cada día más difícil poder desarrollar su proyecto de vida en la ciudad ante los precios desorbitados de la vivienda».
La edil de la coalición progresista recordó los últimos datos publicados en torno a la vivienda en el barómetro urbano de 2020 donde se recoge que el alquiler medio mensual se sitúa en los 1.217 euros y los precios de venta tanto de vivienda nueva como usada han incrementado en el último año una media de un 5%.
«Estamos ante un momento de crisis social y económica provocada por una pandemia mundial, sin embargo el precio de la vivienda no para de crecer y eso indudablemente afecta a las donostiarras que tienen que destinar gran parte de sus ingresos a un bien básico, un derecho subjetivo de todas las personas provocando un incremento de la vulnerabilidad».
La concejala recuerda que la situación de emergencia habitacional actual requiere de medidas ambiciosas, de utilizar todos los mecanismos legales posibles para sacar vivienda al mercado del alquiler. «No es posible que haya más de cuatro mil viviendas vacías en la ciudad y se decida no aplicar todos los gravámenes que contempla la ley para evitar que siga habiendo casas vacías en la ciudad».
En este sentido, Garay considera que la respuesta recibida del gobierno municipal es «del todo inaceptable», ya que el concejal de Hacienda del PNV consideró que aplicar tanto el recargo en el IBI como el canon de la vivienda deshabitada iba a suponer «un coste excesivo» para aquellos que tienen viviendas vacías en la ciudad.
La edil de la coalición ha recordado que el recargo sobre el IBI a la vivienda vacía que se ha estado aplicando hasta la fecha «es una medida claramente insuficiente», a la vista de los datos del programa Bizigune que «no sólo no logra incorporar viviendas que estaban vacías», sino que, tal y como ha recordado Garay, el número de viviendas que se viene gestionando a través de este programa en la sociedad pública de vivienda, Etxegintza, «ha descendido entre 2016 y 2020 de 369 viviendas a las 298 actuales».
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