ELA ha presentado en rueda de prensa un informe que, según el sindicato, «confirma el fraude existente en los trabajos de remodelación del estadio de Anoeta», cuyas consecuencias «han sufrido los trabajadores y trabajadoras encargados de llevar a cabo la obra», unos 200. En otras palabras, «con el fin de rebajar el precio de la obra a la Real Sociedad, y para sufragar el verdadero coste de la misma, la empresa adjudicataria (la UTE Anoeta Zelaia) ha reducido su inversión en seguridad».
Y las «graves» consecuencias han sido «salarios de miseria, jornadas abusivas, fraude, falsificación documental, cesión ilegal de trabajadores», etcétera. ELA añade que las irregularidades que ha ido documentando han sido «constatadas por la propia Inspección de Trabajo», y que ya ha denunciado tanto a la propia Unión Temporal de Empresas Anoeta Zelaia como a 17 subcontratas.
El responsable de la Federación de la Construcción de ELA en Gipuzkoa, Igor San José, ha enumerado que todo empezó con la licitación «a la baja» de los trabajos. La sociedad pública Anoeta Kiroldegia, constituida por el Ayuntamiento donostiarra, calculó un presupuesto de 50 millones, cifra que según el sindicato «encendió todas las alarmas, al tratarse de un presupuesto insuficiente en una obra de semejante calado». Según los números de ELA, «en ningún caso podría situarse por debajo de los 70 millones».
Según San José, «es fácil imaginar que tanto las condiciones socio laborales de la plantilla como el mismo dinero público procedente del territorio serán quienes finalmente subsanen el agujero. Es decir, a base de precariedad laboral y fraude a las arcas públicas». Una precariedad que también se ha traducido, para ELA, en inclumpimientos en seguridad y accidentes en la obra.
Cobrar «un 60% por debajo» del convenio
Para ELA, resulta «inaceptable» que, mientras la obra se divulga como un gran proyecto para el territorio, «ese mismo concepto territorial no sea trasladado como exigencia a las empresas a la hora de aplicar el convenio», que «no respetan». Según su denuncia, la mayoría de los trabajadores pasados y presentes de la remodelación «realizan jornadas diarias de más de 10, 11 y hasta 12 horas, y cobran un 60% por debajo de lo establecido en el referido Convenio Colectivo de Gipuzkoa». Según su informe, carecen de pagas extras, vacaciones, dietas, indemnización… Y, «lo que resulta aún mas grave, cuando alguien decide denunciar o enferma y le dan la baja médica, pierde su empleo».
Todo esto «contribuye también a endurecer la competencia desleal que de facto se viene dando entre diversas empresas de la construcción». La consecuencia es alarmante, ha afirmado San Jose: «El cierre de muchas empresas respetuosas con la legalidad vigente, incapaces de soportar esta competencia casi mafiosa».
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