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Urbanismo

El TSJPV deja sin efecto los cambios en el PGOU sobre las viviendas de Illarra y Ereski

El concejal de Elkarrekin Donostia Víctor Lasa acusa al Ayuntamiento de "minimizar el porcentaje de VPO en favor de intereses privados"

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Foto: DonostiTik

(Redacción/EFE). El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha dejado sin efecto el acuerdo del Ayuntamiento de San Sebastián por el que se aprobó la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para la construcción de viviendas en los ámbitos de Illarra, Villa Ereski y Erregena. Por su parte el portavoz de Elkarrekin Donostia Víctor Lasa considera «gravísima» la reciente sentencia, «que anula parcialmente el plan urbanístico de Illarra y Ereski«, y ha acusado al Ayuntamiento donostiarra de «intentar minimizar el porcentaje de vivienda pública en favor de intereses privados».

La sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Admnistrativo del TSJPV ha estimado parcialmente un recurso contra esa decisión municipal, presentado por la asociación de vecinos de Lugaritz-Aiete e Ibaeta, que el consistorio donostiarra puede recurrir ante el Tribunal Supremo. La citada organización vecinal ha informado este miércoles en rueda de prensa del fallo del alto tribunal vasco que, en el caso Villa Ereski, rechaza que se le aplique la figura de «actuación de dotación», lo que permite no edificar vivienda protegida.

La Sala entiende que este espacio del área de Munto debe ser considerado de «actuación integrada», lo que obliga a destinar el 40 % del incremento de edificabilidad a VPP -el Ayuntamiento la había aumentado de 12 a 52 viviendas, todas ellas libres-.

Con relación a Illarra, donde hay construidas 135 viviendas y el Ayuntamiento aumentó la edificabilidad a 262 -alrededor de 105 públicas-, el TSJPV ha ratificado la aplicación del estándar mínimo del suelo urbanizable para que se destine el 75 % de los nuevos pisos a vivienda protegida, según ha destacado la asociación vecinal.

El consistorio había establecido que los metros cuadrados de parque que les correspondían a los nuevos habitantes de Ereski e Illarra se ubicaran en Erregenea, en Igeldo, un suelo rural protegido que pasó a se clasificado como urbano para cumplir esos estándares mínimos que marca la ley.

Ahora, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anula esa planificación porque advierte de que los suelos de Erregenea no son urbanizables. 

Reacción desde Elkarrekin Donostia

El portavoz de Elkarrekin Donostia Víctor Lasa considera «gravísima» la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), «que anula parcialmente el plan urbanístico de Illarra y Ereski«, y ha acusado al Ayuntamiento donostiarra de «intentar minimizar el porcentaje de vivienda pública en favor de intereses privados».

En una nota Lasa incide en que esta sentencia establece que «los terrenos de Illarra son urbanizables y no urbanos, lo cual exige legalmente un 75% de vivienda pública en las nuevas promociones frente al 40% que defendía el Consistorio».

«El Ayuntamiento ha eludido su obligación de maximizar la vivienda pública y lo ha hecho de forma deliberada para reducir su porcentaje, pese a que la ley exige lo contrario en suelo urbanizable. El fallo confirma nuestra postura, pues nosotros votamos en contra de esta propuesta cuando fue llevada a pleno”, ha recordado Lasa.

Para Elkarrekin Donostia este fallo judicial establece un precedente importante que afecta no solo a Illarra, sino a todas las promociones futuras que el equipo de gobierno someta al pleno. “La sentencia pone de manifiesto que el criterio del Ayuntamiento en la definición de ‘urbano’ o ‘urbanizable’ es erróneo y sesgado a propósito. Esto podría condicionar proyectos clave como el de los cuarteles de Loyola, donde el Gobierno municipal insiste en que se trata de suelo urbano para justificar construcciones cercanas al río, reduciendo así el porcentaje de vivienda pública exigible,” añade Lasa.

En los ámbitos de Illarra y Ereski se iban a edificar 314 viviendas, de las que unas 130 eran de protección oficial. Sin embargo el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha estimado parcialmente el recurso presentado por la asociación de vecinos del barrio de Lugaritz-Aiete-Ibaeta, defendido por el abogado Javier Olaverri. El Consistorio donostiarra tiene ahora un mes para recurrir.


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