(EFE). La Autoridad Portuaria de Pasaia (APP) ha asegurado que «trabaja en la búsqueda de soluciones» para «todos los vecinos» que viven en los edificios de su propiedad del barrio de Trintxerpe, que serán derribados por las obras de acceso ferroviario al puerto, y que «está comprometida» con su realojo.
La APP ha difundido este miércoles un comunicado en el que explica sus gestiones respecto al proyecto de nueva conexión ferroviaria, que ejecutará Euskal Trenbide Sarea (ETS), y «las circunstancias que concurren» en la demolición prevista de varias edificaciones suyas en la zona sur de La Herrera, concretamente, los números 10 y 11 de la calle Herrera de Trintxerpe, en Pasaia (Gipuzkoa).
La dirección de la infraestructura portuaria, que informa de que » ha flexibilizado» el plazo de desalojo, previsto inicialmente para junio de este año, sale así al paso de las denuncias formuladas este pasado lunes por varios afectados en una rueda de prensa que ofrecieron junto a miembros del Sindicato de la Vivienda de Oarsoaldea.
Los vecinos dijeron que doce familias, entre viudas y descendientes de antiguos trabajadores portuarios, deberían abandonar los pisos en los que viven desde la década de los años 60 y que la mayoría no tiene adónde ir.
La APP ha recordado hoy que está previsto que las obras para la entrada en ancho métrico ferroviario al puerto arranquen durante el segundo semestre de este año, tienen un presupuesto de 5,5 millones de euros, afectarán a unos 4.600 m2 de superficie y conllevarán la demolición de esos edificios que, según precisa, albergan actualmente doce viviendas habitadas, cinco empresas y cuatro asociaciones deportivas.
Explica que esos pisos «se adjudicaron en origen» a empleados del puerto de mantenimiento que suscribieron «contratos de arrendamiento» con vigencia vinculada a la continuidad del trabajador en la plantilla.
Según afirma, se establecieron entonces «unas rentas bonificadas a estos inquilinos» y en 1969 «se incorporó un derecho de prórroga» que alcanzaba al arrendatario también jubilado o a su viuda, hijos o beneficiarios «mientras percibieran pensiones del Estado» u entidades análogas.
Aquella prórroga recogía además, prosigue la APP, que en el caso de que la dirección del puerto necesitara las viviendas podría «disponer el traslado de sus ocupantes» a otras suyas o del «Patronato de Casas del Ministerio de Obras Públicas».
La dirección del puerto ha afirmado que la demolición de los inmuebles afecta en la actualidad a 12 vecinos, de los que cinco «tienen intactos sus derechos como arrendatarios» y otros siete están residiendo «sin contrato» porque fallecieron quienes «tenían derecho al uso» pero «sin el correspondientes derecho de prórroga».
La APP «está trabajando en la búsqueda de soluciones para todos los vecinos» y puntualiza que a «los cinco con título» les ha ofrecido indemnizaciones de 90.000 a 150.000 euros, «en función de la edad de los inquilinos», que han sido aceptadas por dos de ellos, mientras que los otros tres no han respondido «todavía».
Sostiene que además también barajó con ellos «la posibilidad de realojo en otras viviendas» propiedad del puerto, pero fue «rechazada».
En cuanto a los otros siete inquilinos «sin contrato», la Autoridad portuaria subraya que «está trabajando con la Delegación de Vivienda del Gobierno Vasco y los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Pasaia» para lograr «alguna solución habitacional, ante la imposibilidad jurídica» de darles una indemnización.
«La APP está comprometida con la búsqueda de una solución de realojo de los vecinos afectados -agrega- y en este sentido les trasladó su vocación de flexibilizar el plazo de desalojo, de junio previsto inicialmente, a otra fecha compatible con la obra, dentro del 2024».
Sobre las asociaciones deportivas y empresas que desarrollan su actividad en los bajos de los inmuebles, ha indicado que las primeras «están gestionando» con los ayuntamientos de Pasaia y Donostia «nuevas ubicaciones», mientras que «la mayoría» de las segundas «contemplan el traslado» y tienen previsto nuevos emplazamientos, con un plazo de abandono de sus locales ampliado hasta el 31 de marzo.
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