(EFE). El monitor de surf de Hondarribia acusado de agredir sexualmente a once de sus alumnos varones menores de edad continuará en prisión provisional a la espera de que la Audiencia de Gipuzkoa dicte sentencia sobre su caso.
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial ha adoptado esta decisión en un auto al que ha tenido acceso EFE, en el que desestima la petición de que el monitor fuera puesto en libertad provisional a la espera de sentencia que hizo la defensa en los trámites finales del juicio celebrado en San Sebastián entre los pasados 10 y 21 de marzo.
En aquel momento, tanto la Fiscalía como las dos acusaciones particulares que representan a las víctimas se opusieron a que el acusado fuera excarcelado, posición que ha sido acogida ahora por la Audiencia para evitar tanto una posible fuga como el riesgo de revictimización de los menores perjudicados.
La Audiencia asegura en su auto que en la actualidad persisten la circunstancias por las que en su momento se adoptó la medida de prisión provisional, al tiempo que reitera los motivos por los que ya denegó su puesta en libertad en otras dos ocasiones anteriores.
Advierte así de la existencia de un riesgo de fuga del inculpado, que tiene la doble nacionalidad española y venezolana, y reside en Hondarribia, una población limítrofe con Francia, país al que podría «acceder de forma sencilla a través de múltiples vías».
Recuerda también que el varón dispone de «contactos con la costa vascofrancesa por haber realizado allí múltiples campamentos de surf, de suerte que estos lazos también pudieran ser utilizados para facilitarle la huida».
Por otra parte, el auto apunta a un posible riesgo de revictimización de los menores perjudicados, «cuyos datos completos son de pleno conocimiento» para el procesado, al tiempo que recuerda la importante solicitud de penas a las que se enfrenta el monitor de surf, para el que la Fiscalía solicita 85 años de prisión, mientras que la acusación particular eleva esta petición hasta los 290 años.
En este contexto, la Audiencia considera que la puesta en libertad del varón con la adopción de «medidas menos gravosas» que la prisión provisional resultaría «absolutamente insuficiente» para garantizar que continuase «sujeto a las resultas del proceso».
Recalca en este sentido que, «aún terminado el juicio, ni ha transcurrido el plazo máximo de prisión provisional legalmente previsto (4 años), ni se han ofrecido garantías suficientes de que el procesado, una vez libre, vaya a sujetarse a las consecuencias de un proceso del que aún pende la sentencia».
Insiste además que con la permanencia del monitor en prisión «se trata de garantizar que no siga atentando contra bienes de las víctimas o de otras de similares características, teniendo en cuenta esencialmente la naturaleza de los hechos por los que ha sido objeto de acusación».
Esta decisión de la Audiencia aún no es firme ya que frente a ella aún es posible presentar un recurso de súplica.
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