(EFE). El Ministerio de Vivienda intervendrá, por primera vez en muchos años, en la construcción de las viviendas protegidas en el País Vasco, y será «partícipe activo» en el desarrollo de la segunda fase de Txomin Enea en los terrenos de la cárcel de Martutene en los que están previstas 400 nuevas viviendas.
«El hecho de que el Gobierno no solo facilite suelo sino que se comprometa con la construcción de vivienda es nuevo y es una buena nueva», ha destacado el consejero de Vivienda, Denis Itxaso, a los medios de comunicación tras la reunión que ha mantenido con el secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, y el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, para acordar los procedimientos para la cesión de los terrenos de la prisión al consistorio donostiarra.
En el encuentro han estado también la directora de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), Leire Iglesias, y un representante de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEPSE).
Las tres instituciones han acordado crear un grupo de trabajo que definirá, entre otros detalles, el número de viviendas que construirá el Ministerio, que será acorde al porcentaje del terreno que ocupa la cárcel sobre el total de la segunda fase de Txomin Enea, que supone un 35 %.
El objetivo es «ponerse en marcha con anticipación» antes del desalojo de la cárcel, prevista para este año, «para ir trabajando en paralelo en todas las pistas necesarias y para no perder ni un minuto porque la voluntad política está lo que hay que hacer es ir desarrollando los trabajo técnicos», ha señalado Itxaso.
En este sentido, ha resaltado que se ha producido una «alienación institucional en un único sentido» y ha agradecido la disposición del Gobierno para poder llevar a cabo un proyecto «ambicioso de vivienda protegida en una parcela donde había una cárcel».
«No se recuerda en mucho tiempo al Ministerio de Vivienda construyendo en Euskadi y este es un elemento para felicitarse», ha concluido.
El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, ha resaltado que las 400 viviendas previstas «son necesarias para afrontar los retos que se plantean cuando se declaran zonas tensionadas como quiere hacer el Ayuntamiento donostiarra».
Ha agradecido la buena disposición del Ayuntamiento y el Ejecutivo autonómico vasco para llegar a ese entendimiento.
El Gobierno «pone el suelo, se hace cargo del porcentaje de urbanización correspondiente a los suelos que tiene, y de la construcción de viviendas en proporción a esos suelos disposnibles», ha precisado.
Lucas ha remarcado también que «hace muchísimos años que el Gobierno de España no impulsa y construye viviendas en el País Vasco» con lo que «se abre un nuevo periodo para hacer posible que se propicie vivienda asequible».
El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha abundado en que el empeño del Ayuntamiento es que, en cuanto se desaloje la cárcel, se pueda comenzar a urbanizar y construir.
Para ello el consistorio cuenta ya con el proyecto de urbanización y trabaja en agilizar los trámites administrativos para poder cumplir los plazos una vez desaparezca la cárcel, ha explicado.
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