(EFE/Redacción). El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Azpeitia ha acordado el sobreseimiento provisional de la querella original interpuesta por la Diputación de Gipuzkoa en 2014, cuando la gobernaba Bildu, por la presunta malversación de caudales públicos y falsificación de documentos en la construcción de la AP-1.
Se trata de la primera querella que presentó el gobierno foral por este asunto, mientras que la segunda, que se refería a las obras del túnel de Isuskitza, fue sobreseída el pasado mes de agosto.
La primera querella, que ha sido sobreseída con fecha del 7 de febrero, se presentó en 2014 y está relacionada con un depósito de sobrantes, excavaciones y movimientos de tierra en un tramo (Eskoriatza Norte-Arrasate Norte) de la AP-1.
Fue ampliada en abril de 2015 al entender que las irregularidades se extendieron a los trabajos de los túneles de Apotzaga, Izurieta y Gurutze Txiki.
En total, el gobierno de Bildu calculaba un presunto fraude de 13,6 millones de euros.
Tres investigados
Esta querella fue presentada en noviembre de 2014, cuando la Diputación de Gipuzkoa estaba gobernada por Bildu, partido que, tras llegar al poder, revisó la documentación relativa a la construcción de la AP-1 y denunció la existencia de irregularidades y desviaciones de fondos achacables a los responsables de la sociedad foral Bidegi durante los gobiernos anteriores del PNV y PSE.
No obstante, el juzgado considera que «de las diligencias practicadas no aparece suficientemente justificada la perpetración del delito que ha dado lugar a la formación de la causa» y acuerda su archivo provisional en un auto que no es firme y contra el que cabe recurso.
En su querella, el gobierno foral de Bildu acusó en concreto al exdirector técnico de Bidegi, Agustín Zugasti, al representante de la empresa de ingeniería Eptisa-Cinsa -que ejerció la dirección de obra-, Juan Bautista March, y al de la UTE Laurena, encargada de ejecutar los trabajos, Iván Fernández de Landa.
El auto, difundido por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), recuerda que la querella se fundamentó en las conclusiones de informes periciales elaborados por Urak Bide e Ingeotyc S.A., que fueron refutados posteriormente por otros informes incorporados a la causa, a los que el juzgado otorga mayor credibilidad.
En concreto, el juzgado se basa en un informe de revisión de la querella presentado por la propia Diputación -institución querellante pero que cambió de manos y de estrategia en 2015-, que sostiene que ninguno de los informes que presentó el gobierno foral de Bildu «reflejan la realidad de las mediciones reales de la obra, evidencian una sistemática carencia de análisis al tener en cuenta solo parte de los documentos existentes».
Liquidación final de la obra
También «se adoptan en muchos casos valores de perdida erróneos, realizados por terceros sin su debida revisión e incluso se realizan cálculos erróneos que dan lugar a valores erróneos, por lo que la totalidad de los informes revisados no pueden considerarse válidos», según el informe de revisión.
El juzgado considera acreditado que la liquidación final de la obra demuestra que «no ha existido perjuicio económico ni para la Diputación Foral de Gipuzkoa ni para Bidegi S.A, por lo que no se puede hablar de desviaciones de dinero público mediante sobreprecios que pudieran sostener una acusación por delito de malversación de caudales públicos como se sostenía en la querella».
El auto recuerda que la obra se financió con fondos de Bidegi y no de la Diputación y afirma que la sociedad foral responsable de las carreteras presentó un escrito en julio de 2017 que indicaba que el presupuesto del tramo Arrasate Norte-Eskoriatza era de 162,8 millones de euros, mientras que la cantidad finalmente abonada fue de 160 millones.
El juzgado recuerda que la Diputación también denunció los hechos ante el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, quien remitió el escrito al fiscal Jefe de la Audiencia de Gipuzkoa y este archivó las actuaciones «al no estar debidamente justificada la perpetración de delito alguno».
De igual manera, recuerda que el propio Tribunal Vasco de Cuentas Públicas archivó la denuncia.
El sobreseimiento de esta primera querella del caso Bidegi puede ser recurrido, al igual que ocurrió el pasado año con la segunda denuncia, cuyo archivo ha sido recurrido por EH Bildu y se encuentra a la espera de resolución por parte de la Audiencia de Gipuzkoa.
Reacción
La Diputación de Gipuzkoa ha afirmado este viernes que el auto de sobreseimiento de la primera querella del caso Bidegi refrenda «el buen funcionamiento y la integridad» de esta sociedad foral y de los responsables técnicos y políticos que impulsaron la construcción de la autovía AP-1.
La diputada de Infraestructuras Viarias de Gipuzkoa, María Ubarretxena, se ha felicitado por este segundo sobreseimiento de una querella del caso Bidegi -la otra fue archivada en agosto- y ha opinado que el auto reitera «el descrédito de quienes no tuvieron ningún reparo a la hora de menoscabar a las instituciones guipuzcoanaS», en alusión a Bildu.
«Nos acercamos al final de un dilatado proceso en el que se ha perseguido de manera infundada a trabajadores y trabajadoras de la Diputación, de Bidegi y de las empresas adjudicatarias», ha señalado Ubarretxena.
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