(EFE). El informe de conclusiones de la ponencia para llevar a cabo la reforma fiscal en Gipuzkoa ha llegado al gobierno foral tras su aprobación este jueves en las Juntas Generales con los votos favorables de PNV, PSE y EH Bildu, un amplio consenso que han remarcado los portavoces de los tres grupos en la Comisión de Hacienda de la cámara foral.
Tras el sí al dictamen definitivo de la ponencia con el apoyo de tres formaciones que suman 46 de los 51 escaños del hemiciclo, el texto se ha remitido a la Diputación para que el gobierno de jeltzales y socialistas elaboren el anteproyecto de norma foral de la reforma, cuya aprobación se espera para finales de año.
El diputado de Hacienda y Finanzas, Jokin Perona, ha asegurado que la ponencia «ha sido un acierto» y ha abogado por «plantear medidas fiscales que continúen apuntalando la actividad económica» y que, al mismo tiempo, «den respuesta a los retos sociales» que tienen «entre manos».
Señala que el informe desglosa once desafíos -la vivienda, la demografía, el nuevo modelo de cuidados, la sostenibilidad de las pensiones, la atracción de talento, la competitividad e innovación, la reducción de niveles de desigualdad, la igualdad de género, la conciliación, la fiscalidad verde y el comercio local- y que el objetivo es que entre las tres diputaciones puedan desarrollar un documento «acordado y armonizado» que atienda a todos ellos «con la mirada puesta en el largo plazo».
Al igual que el pasado lunes, PP y Elkarrekin Podemos se han abstenido en la votación de un documento que plantea reconsiderar una menor tributación para las rentas más bajas y reforzar la progresividad del impuesto en el resto, así como incluir medidas de apoyo a la conciliación de la vida personal y profesional, y revisar los incentivos fiscales a la vivienda para garantizar el acceso a las personas con dificultades.
Apoyar en mayor medida la previsión social voluntaria de empleo preferente para complementar las pensiones públicas, estudiar un tipo mínimo «efectivo» del impuesto de sociedades, revisar el tratamiento fiscal a las microempresas y al comercio local, y adecuar la norma a la realidad de las cooperativas son otras de las propuestas aprobadas.
Los populares ven demasiadas «inconcreciones» en el informe y los morados «incoherencias, vaguedades y contradicciones», aunque la portavoz de Elkarrekin, Miren Echeveste, ha señalado que, gracias a las aportaciones de EH Bildu y de su grupo, el texto «tiene una impronta de izquierdas innegable».
«Esperamos que se escuche sobre todo a la parte de izquierdas porque el informe deja la puerta abierta tanto para que las diputaciones hagan una reforma de izquierdas, ensanchando la progresividad de verdad y apostando por la redistribución de la riqueza, como para una reforma de derechas que se maquille un poquito dando alguna limosna a la izquierda», ha recalcado.
El portavoz popular, Mikel Lezama, ha sido el más crítico con el dictamen, pues entiende que «se ha perdido la preciosa oportunidad» de recoger lo aportado por los expertos que han participado en la ponencia.
«No hay ni una sola medida concreta en todo el documento después de 6 meses, más de 60 ponentes y más de 1.000 medidas propuestas. De todas ellas, no se recoge ni una aquí. Desde el equipo de gobierno se quería hacer un documento que fuera aprobado por todos y se ha elevado tanto el foco que cada punto puede decir una cosa y la contraria», ha aseverado.
No lo ve del mismo modo el grupo de EH Bildu, satisfecho porque el texto ha incorporado casi el 90 % de las enmiendas que presentó, lo que sienta las bases para «lograr una reforma justa, progresiva y progresista y poner en la vanguardia a Gipuzkoa», según ha dicho el juntero de la coalición, Jon Altolagirre.
Para el portavoz del PNV, Ianko Ganboa, este consenso «refleja el compromiso con una política constructiva en beneficio del territorio». Ha hecho hincapié en «tres retos cruciales» en los que entiende que la fiscalidad desempeña «un papel fundamental»: el demográfico, la vivienda y el euskera.
«Enfrentar el envejecimiento de la población, las dificultades de emancipación y la atracción de talento requiere un esfuerzo fiscal significativo, y será necesario reflexionar profundamente sobre políticas de cuidados y fiscales para garantizar la sostenibilidad del estado de bienestar, así como destinar más recursos económicos a las políticas de protección social», ha indicado.
Por su parte, el portavoz del PSE, Jesús María Zaballos, ha explicado que se ha acordado un informe con «un mínimo común denominador» tras meses de escuchar propuestas, algunas opuestas entre sí. Un documento que «engloba el mayor número posible de desafíos o retos que durante estos meses se han puesto sobre la mesa».
«Consideramos que el informe final de la ponencia para la futura reforma fiscal ha sido enriquecido por las aportaciones realizadas por los distintos grupos junteros y es más completo. Hemos intentado lograr el mayor consenso posible entre las fuerzas de las Juntas Generales, preservando ante todo el interés general de Gipuzkoa y el de todos los guipuzcoanos», ha subrayado.
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