(EFE). El Gobierno Vasco recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia del Superior de Justicia del País Vasco que anuló el cierre de la hostelería en diciembre de 2020 y enero de 2021 para contener la pandemia por entender que «carece de justificación y vulnera el principio de proporcionalidad».
El alto tribunal vasco estimó en una sentencia conocida esta semana el recurso presentado por los hosteleros de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava y declaró nulas las disposiciones adoptadas por el lehendakari en relación con los establecimientos hosteleros en las citadas fechas.
En concreto, los hosteleros recurrieron un apartado que establecía el cierre de los establecimientos en localidades con una tasa de incidencia acumulada en 14 días superior a 500 casos por cada 100.000 habitantes, y una disposición que imponía un aforo del 50 % en el interior de los locales y que prohibía el consumo en la barra o de pie.
El TSJPV ha dado la razón a los hosteleros ya que considera que a la hora de establecer las restricciones a la hostelería en diciembre de 2020 y enero de 2021 el Gobierno Vasco «no realizó un análisis específico sobre las medidas aquí impugnadas ni sobre su necesidad, proporcionalidad e idoneidad».
El Ejecutivo aportó datos que «justifican la alta incidencia del virus SARS COV-2», según reconoce el fallo judicial, que censura no obstante que «las medidas concretas adoptadas carecen de específica justificación», pues las argumentaciones esgrimidas serían «aplicables a multitud de medidas en muy diversos ámbitos».
Tras estudiar la sentencia, los servicios jurídicos del Gobierno Vasco han decidido presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, según ha informado este domingo en una nota el Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno.
Los servicios jurídicos del Ejecutivo aprecian «una grave incongruencia» en el fallo del TSJPV: por un lado dice que las medidas adoptadas «se justifican en la situación epidemiológica y no contradicen los criterios orientativos del Plan Bizi Berri II (el plan de gestión de la pandemia)», y por otro afirma que «no se realizó un análisis específico» sobre las medidas impugnadas.
El Gobierno Vasco ha recordado que el propio Tribunal Supremo ha «sostenido que la exigencia de justificación no significa aportar informes prolijos y variados según el lugar, ni se traduce en la exigencia de que se extiendan a lo largo de un número determinado de páginas».
Además, añade el Ejecutivo autonómico en el comunicado, este proceso judicial «ha perdido objeto cuando la disposición recurrida por los demandantes ha perdido su vigencia» hace ya más de un año.
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