(EFE). El Gobierno Vasco ha reconocido a Mikel Zabalza como víctima de abusos policiales al concluir que su muerte en 1985 tras ser detenido por la Guardia Civil tuvo «naturaleza violenta» y fue «resultado de prácticas de tortura con posterior desaparición», por lo que indemnizará a su familia con 135.000 euros. Precisamente la Comisión también censura en su informe el «trato inhumano y degradante» recibido por la familia cuando preguntaba por lo sucedido.
Así consta en el dictamen de la Comisión de Valoración de las solicitudes de reconocimiento presentadas en virtud de la conocida como ley vasca de abusos policiales entre 1978 y 1999, cuyos miembros han reconocido de manera unánime su condición de víctima.
Tras este reconocimiento mañana se celebrará una ofrenda floral en el caserío familiar de los Zabalza en Orbaizeta (Navarra) al que asistirán la consejera vasca de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal; la consejera navarra de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo, y la presidenta de la Comisión de Valoración, Juana Balmaseda, además de allegados de Zabalza.
Según la versión de la Guardia Civil, Zabalza murió en 1985 por ahogamiento al darse a la fuga cuando iba a mostrar un zulo. Sin embargo, unos audios desvelados el año pasado con conversaciones entre el capitán de este cuerpo, Pedro Gómez Nieto, y el entonces director del Cesid, Juan Alberto Perote, apuntan a que murió torturado en el cuartel de Intxaurrondo de San Sebastián.
Los expertos de la Comisión de Valoración han llegado a esta misma conclusión: «Existen fuertes presunciones del hecho de que Mikel Zabalza fue detenido y sometido a tortura, penas y tratos crueles, inhumanos o degradantes que le pudieron llevar a la muerte».
Versión policial improbable
Zabalza (1953) fue detenido el 26 de noviembre de 1985 en San Sebastián en una operación en la que fueron arrestados otros cinco sospechosos de estar vinculados a ETA (todos fueron puestos en libertad sin cargos aunque denunciaron torturas) y su cuerpo esposado apareció 19 días después en el río Bidasoa.
En opinión de la Comisión, la versión de que huyó y saltó al río cuando iba a mostrar a los agentes un supuesto zulo que a día de hoy no ha aparecido es «muy improbable por no decir simplemente increíble a la luz de los datos disponibles».
La Comisión, que se desplazó al lugar de los hechos para reconstruir «in situ» la supuesta fuga, concluyó tras la visita que la versión de la Guardia Civil «contiene elementos poco o nada sustentables» y que esas incongruencias no fueron debidamente consideradas en las distintas investigaciones judiciales.
Los expertos de la Comisión constataron que desde el lugar del que supuestamente Zabalza saltó al Bidasoa hay «un talud vertical, de al menos un 70-80 % de pendiente, con una vegetación arbustiva muy tupida», pero que su cadáver no tenía «lesiones cutáneas en zonas expuestas, erosiones o incrustaciones en puntas de dedos» y su camisa estaba «intacta».
Además, el lugar donde apareció el cuerpo había sido «previamente explorado palmo a palmo» y la cantidad de trietanolamina de su estómago no se correspondía con los niveles existentes en el río.
Naturaleza violenta
En el terreno judicial el caso fue sobreseído provisionalmente en 2010 por la Audiencia Provincial de Gipuzkoa al entender que no había «quedado debidamente justificada» que la tortura fuera la causa de la muerte. El tribunal consideró que había tres hipótesis al respecto: ahogamiento en el Bidasoa, sumersión en un medio líquido distinto -como una bañera- y asfixia violenta.
La Comisión de Valoración considera «prácticamente descartable» la primera posibilidad, ve «más ajustadas y compatibles» con la documentación disponible las otras dos hipótesis y concluye por tanto que la muerte de Zabalza fue «de naturaleza violenta, de etiología médico-legal homicida», por lo que lo reconoce como víctima de abusos policiales.
«Hemos alcanzado la convicción de que se produjo una grave violación del derecho a la vida precedido de una grave violación a la integridad física, psíquica y moral» y que esas vulneraciones «se enraizan en una clara motivación política que dirige y preside el actuar de los miembros de la Guardia Civil que participaron en la detención en el contexto y aplicación de la legislación contraterrorista», señala.
Impunidad
En el dictamen, en el que se lamenta que «más de 35 años después la impunidad jurídico-penal prevalece», se recuerda que el reconocimiento de Zabalza como víctima no implica la atribución individualizada de responsabilidades y solo tiene efectos de «reparación e indemnización».
La ley tampoco faculta a la Comisión a valorar casos inmersos en causas judiciales o procedimientos administrativos sancionadores, pero en el dictamen se ve procedente analizar la muerte de Zabalza porque «a pesar de que los hechos no estén prescritos, la causa judicial tampoco está abierta».
La Comisión también censura en su informe el «trato inhumano y degradante» recibido por la familia cuando preguntó a las autoridades por Zabalza tras su desaparición, así como «la ausencia palmaria de colaboración policial, cuando no obstrucción manifiesta» a la instrucción judicial «lo que contribuiría a precipitar una investigación no pronta, ni exhaustiva, ni eficaz».
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