“La inmigración es una realidad presente y futura en una sociedad globalizada. Según los datos provisionales del padrón, a 1 de enero de 2018 la población de origen extranjero residente en nuestro País ha aumentado en 9.586 personas. Eso supone un total de 206.175 personas y un 9,4% sobre la población total. Araba es el Territorio con mayor porcentaje de población de origen extranjero (11,3%), seguido de Gipuzkoa (9,5%), y de Bizkaia (8,8%)”. Así se ha expresado hoy la Consejera Beatriz Artolazabal durante la presentación del V Plan de Actuación en el Ámbito de la Ciudadanía, Interculturalidad e Inmigración 2018-2020.
El Plan recoge una serie de Medidas estratégicas, organizativas y programáticas en los ámbitos Educativo, del Empleo y formación, convivencia, salud, vivienda, y jurídico. Para ello desarrolla una serie de acciones agrupadas –26 medidas- en un ámbito de actuación singular dirigidas a colectivos específicos especialmente vulnerables, en mayor riesgo de exclusión o con mayor probabilidad de sufrir marginación.
Para el desarrollo del Plan -ejercicios 2018, 2019 y 2020- el Gobierno vasco ha previsto más de 13 millones de euros y para su seguimiento se han previsto evaluaciones anuales a través de las Comisiones del “Foro para la Integración y Participación Social de los Ciudadanos y Ciudadanas Inmigrantes en el País Vasco”.
Los principios específicos del Plan son: igualdad, derechos humanos y no discriminación; Interacción con la pedagogía urbana de la interculturalidad; cohesión social y solidaridad para la universalidad de la educación, de la sanidad o de las prestaciones sociales básicas.
Críticas de LAB
El sindicato LAB ha calificado de «vacío» el documento presentado, ha denunciado que «el Gobierno vasco está recortando derechos sociales de forma ininterrumpida y el de la RGI es el caso más significativo. No hay cohesión social sin reparto de la riqueza y sin un sistema justo de protección social. En ese sentido cabe destacar las 51.000 firmas recibidas por la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria por una RGI justa y por el derecho efectivo a la vivienda»
En el mismo sentido LAB ha criticado que «a lo largo de este verano se ha visto de forma clara la falta de compromiso del Gobierno Vasco con las personas refugiadas y migrantes. Ha negado el problema y solo ha puesto parches, que serán totalmente insuficientes para responder a las necesidades de personas migrantes y refugiadas».
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