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Crisis sanitaria

El Gobierno Vasco no recurrirá el auto sobre la reapertura de la hostelería

Lo ha confirmado el lehendakari, Iñigo Urkullu, tras presidir el comité asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI)

Foto: Santiago Farizano

(EFE). El Gobierno Vasco no recurrirá el auto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que permite reabrir la hostelería en los municipios en zona roja con una tasa alta de incidencia de casos, a pesar de que va en contra de la decisión adoptada por el Ejecutivo autonómico.

Así lo confirmado el lehendakari, Iñigo Urkullu, tras presidir el comité asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI) que ha analizado las medidas restrictivas para hacer frente a la pandemia de la Covid-19.

Se ha referido al auto del pasado martes del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que permite, de manera cautelar, y en contra de una resolución del Gobierno Vasco, la reapertura de la hostelería en los municipios en «zona roja», es decir, con una tasa de incidencia acumulada de la Covid-19 de 500 casos por 100.000 habitantes en 14 días.

Urkullu ha dicho que los servicios jurídicos del Gobierno Vasco han analizado si presentar o no un recurso contra el auto y han optado por no hacerlo ya que solo se puede recurrir ante la misma Sala y los mismos magistrados «y no existe la posibilidad de aportar nuevas pruebas» por lo que tendría «pocas posibilidades de eficacia».

Sin embargo, se ha mostrado convencido de que la razón asiste al Gobierno Vasco y al LABI «y se probará cuando se dilucide el fondo de la cuestión».

Ha asegurado que el Gobierno comparte pero no entiende el auto judicial y ha avanzado que el miércoles pidió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que acuerde con las comunidades los mecanismos legales necesarios, en el marco del Estado de Alarma, para que las decisiones adoptadas cuenten con «todas las garantías jurídicas».

Esta petición la hizo a través de una carta y todavía, ha dicho, no ha recibido respuesta. Ha recordado que es la demanda que viene reclamando, como otros presidentes de comunidades autónomas, desde el pasado mes de marzo, para que el Gobierno ofrezca «herramientas jurídicas» respecto a las medidas que se adoptan.


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