(EFE). La red de apoyo a los presos de ETA, Sare, ha asegurado que el Gobierno Vasco ha aprobado en el último año un total de 32 progresiones a tercer grado de reclusos de la organización terrorista, de las cuales seis han sido recurridas por la Fiscalía.
Estos datos han sido dados a conocer este martes en una rueda de prensa en San Sebastián por los portavoces de Sare Joseba Azkarraga y Nahikari Iturbe, quienes han cifrado en 148 el número de etarras condenados que continúan encarcelados, de los cuales 142 están en prisiones del País Vasco y Navarra, y 6 en Francia.
En cuanto a la situación de Euskadi, comunidad autónoma que tiene competencias en materia penitenciaria, los portavoces de Sare han analizado la gestión política de los últimos doce meses que, a su juicio, presenta «luces y sombras».
Según sus datos, las juntas de tratamiento de los centros penitenciarios vascos han propuesto 34 progresiones a tercer grado, de las cuales 32 han sido aprobadas por el Gobierno Vasco.
En cuanto a los seis recursos interpuestos por la Fiscalía, Sare ha señalado que el juez de vigilancia penitenciaria aceptó cuatro de ellos, mientras que el quinto no llegó a resolverse al finalizar inmediatamente la condena y el sexto está pendiente de resolución.
En este contexto, Joseba Azkarraga ha opinado que los datos evidencian que aún queda un «largo recorrido para hablar de normalización penitenciaria» ya que, a su juicio, son «más de un centenar los presos que podrían estar en régimen de semilibertad o incluso libertad condicional».
No obstante, ha reconocido que en Euskadi «se ha avanzado hacia la aplicación de una política penitenciaria normalizada, con menos audacia de la necesaria, pero se ha avanzado», ha señalado.
Ha indicado que la relación que ha existido hasta ahora entre la red ciudadana Sare y el departamento de Justicia del Gobierno Vasco ha sido «positiva y normalizada» y ha deseado que así siga siéndolo ahora, cuando la cartera de Justicia ha cambiado de color político al pasar a manos del PSE-EE.
Azkarraga ha pedido a los nuevos gestores de la política penitenciaria en Euskadi que mantengan una «actitud proactiva, siempre dentro de los límites legales, para buscar soluciones creativas» enfocadas al cumplimiento de las penas que apuesten por el «régimen abierto».
También les ha reclamado la «superación de las limitaciones, de las actitudes titubeantes, de los prejuicios, respecto a la política penitenciaria» aplicada a los presos de ETA.
En definitiva, ha dicho, que exigía al nuevo departamento de Justicia lo mismo que ha pedido hasta ahora: la aplicación a los presos de ETA de una «política penitenciaria ordinaria, sin privilegios pero sin excepciones». «El mismo trato, los mismos criterios que se aplican al resto de presos», ha concluido.
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