Vecinos de Alokairu, miembros de la Coalición Europea por el Derecho a la Vivienda reunidos en Gipuzkoa estos días y Stop Desahucios Euskadi se han manifestado hoy en el Boulevard, primero, y después en el Antiguo. En dicho barrio han cargado contra el fondo buitre Blackstone-Testa Socimi Inmobiliaria, que compró más de 500 viviendas VPO en Benta Berri construidas sobe suelo público pero que estarán sujetas a control público sólo hasta 2028. «A partir de ese momento una mayoría de los vecinos no podrá pagar los precios de alquiler», ha advertido Rosa García de Stop Desahucios.
Durante la concentración García se ha referido concretamente al caso de la vecina Victoria Noriega, que tiene una demanda de desahucio de Blackstone-Testa Socimi. «Exigimos que se retire la demanda y se reubique a la vecina en una de las viviendas vacías que tiene con un alquiler modesto que pueda sufragar con su pensión. No podemos permitir este desahucio. Tenemos que ganar a estos depredadores».
Cabe recordar que estos días se celebra en Gipuzkoa el encuentro bianual de la Coalición Europea de Acción por el Derecho a la Vivienda y la Ciudad y han acudido representantes de colectivos sociales de 20 países que hacen frente a unos problemas que son comunes en la vivienda europea. La vivienda representa un grave problema que incide en la pobreza y la exclusión social y que afecta a más de cien millones de europeos según insiste Stop Desahucios.
En este contexto Jean Baptiste Eyraud y Annie Purre, representantes de DAL (Droit Au Logement) en Francia; Felix Lackus y Joanes Hecht, representantes de Stop Desahucios Berlín; Veda Popovici, fundador del Frente Común por el Derecho a la Vivienda (FCDV) en Rumanía, y Arturo del Olmo, representante de Stop Desahucios en Euskadi, han dibujado dentro de las particularidades de cada estado las coincidencias para una acción común. Y han destacado los siguientes elementos:
-La lucha contra los desahucios exigiendo a las administraciones que cumplan el Dictamen Desc de Nu de junio de 2017 que obliga a los Estados europeos a que no haya ningún desalojo forzoso sin alternativa habitacional previa y adecuada.
– La denuncia del ‘sinhogarismo’ creciente, reclamando la requisa o expropiación de espacios públicos vacíos para alojar a las personas mientras no se les proporcione una vivienda social.
– La exigencia de medidas contra la turistificación de los centros de las ciudades por plataformas como Airbnb «y fondos de inversión oportunistas que desertizan los barrios de vida, de tiendas, y hasta de escuelas al no quedar niños».
– La oposición total a los intentos de privatización del parque público de viviendas que se hizo en el pasado en Berlín, en Rumanía, en Madrid, y que según denuncia esta coalición intenta Macron en Francia.
– La limitación legal de los alquileres que se esta logrando en varias ciudades europeas como Berlín, ciudad en la que el 85% de los pisos ese alquiler y un tercio está en manos privadas, y donde se plantea un referéndum de iniciativa popular para expropiar miles de viviendas a grandes caseros con base en el Art. 15 de la Constitución Alemana.
– Medidas para frenar a los fondos buitre que compran bloques enteros de casas a bajo precio e imponen rentas y condiciones y no pagan impuestos.
– Iniciativas legislativas como la Ley de vivienda vasca que permite la expropiación de uso o el alquiler forzoso de viviendas vacías o el Decreto Ley Catalán 17/2019 que obliga a los bancos y grandes tenedores de vivienda a proporcionar un alquiler asequible antes de proceder al desahucio.
-La exigencia de más gasto en aquellos Estados en los que se invierte menos de la media, que es el 1% del PIB, como en Euskadi, donde el presupuesto de vivienda es sólo del 0,19%.
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