La realidad a pie de calle se ha recrudecido. Es uno de los problemas más acuciantes de San Sebastián. Lucía es una joven extremeña de 31 años que trabaja en el sector cultural donostiarra desde hace seis meses. Las habitaciones que buscaba en barrios como Gros, Amara o Egia rara vez bajaban de los 500 euros en pisos compartidos con otras dos o tres personas. Al precio hay que añadirle los honorarios de la agencia (normalmente el equivalente a un mes de alquiler) y dos meses de fianza. El desembolso inicial puede rondar fácilmente los 2.000 euros, una cifra que dificulta la emancipación de los ciudadanos en condiciones dignas.
En su caso, los contratos son siempre temporales y los caseros se desentienden de los inquilinos a las puertas del verano para hacer el agosto con la llegada masiva de los turistas. En septiembre, la vivienda vuelve a estar disponible para una estancia de nueve meses. Aitor (28 años) afronta una situación parecida. Trabaja como diseñador gráfico en una empresa de la calle Portuetxe, en Igara. Tras patearse la ciudad desde el Antiguo a Loiola en busca de una habitación decente terminó su periplo en Amara nuevo. Paga 480 euros mensuales, a lo que hay que añadirle los gastos de la electricidad y el agua. Vive con dos estudiantes y cuenta, con resignación, que en julio y agosto no puede estar en el piso. “Es lo que hay”, suspira.
La calle Secundino Esnaola de Gros, a pocos metros de la playa, puede ser un lugar muy apetecible para cualquiera. El madrileño José Luis Ortega, informático de 28 años, vio la habitación por el portal Idealista y le pareció pequeña y poco luminosa. Precio: 470 euros, gastos aparte. Como no encontraba nada mejor y quería estar cerca del mar, se la jugó y firmó el contrato que le ataba al piso durante los próximos once meses. ¿Once? “Me dijeron mis compañeras que el dueño les hacía firmar un contrato temporal y que luego les volvía a hacer uno nuevo. Llevan así dos años”.
De esta manera, el precio siempre queda sujeto a lo que estipule el casero, que tiene las manos libres para realizar una subida considerable o rescindirles el contrato. De momento, cuenta José Luis, se ha ceñido a que el alquiler se actualice conforme a la variación interanual del IPC, que lleva castigando a los inquilinos muchos meses. Todos los casos descritos corresponden a propietarios particulares.
Los más «económicos»
Idealista calculó el año pasado que el coste medio de un alquiler en España para una casa con dos habitaciones era de unos 700 euros. Maider (36 años, profesora de primaria) paga 750 euros al mes por un bajo de 40 metros cuadrados en Intxaurrondo Zaharra. Y gracias. Los requisitos para vivir solo en un piso de la capital donostiarra son muchas veces inasumibles. En una rápida búsqueda en Idealista se aprecian todos los males que afectan al mercado de alquiler donostiarra.
A continuación, los cinco pisos más económicos. Un estudio de 16 metros cuadrados en la céntrica calle San Marcial por 550 euros al mes solo disponible hasta junio; otro estudio, esta vez en Portuetxe, por 650 euros mensuales que no es apta para ser habitada (“sin cédula de habitabilidad”, se especifica); 800 euros por sendos pisos de 53 metros y 67 metros cuadrados en Bidebieta y Larratxo, respectivamente; y la quinta opción más barata, 820 euros, pertenece a un ático “con encanto” de 39 metros cuadrados en una dirección sin especificar de la Parte Vieja.
Hace año y medio el museo San Telmo acogió una charla sobre la grave situación de la vivienda en Donostia, uno de los grandes déficits de la ciudad y un problema estructural al que no se le atisba salida del túnel. Se habló del exitoso caso vienés, la capital austriaca modelo en políticas de alquiler. Juan Otxoa, presidenta del Colegio de Arquitectos de Gipuzkoa, dejó una frase que resume la encrucijada actual: “Vivir en Donostia debería ser posible, pero para eso se tienen que dar una serie de cambios con los que los ciudadanos salgan beneficiados».
Aquel encuentro tuvo lugar justo después de que se ejecutase un sonado desahucio de una pareja de sexagenarios que vivía en la calle Ategorrieta, incapaces de hacer frente a una subida del alquiler del 33 por ciento impuesta por la gestora inmobiliaria Azora. El fondo buitre está considerado como uno de los mayores caseros españoles con más de 20.000 viviendas bajo su gestión. En octubre de 2020 fue denunciado por el Sindicato de Alquileres y la cooperativo Colectivo Ronda “por hacer contratos de alquiler con cláusulas abusivas”.
Los migrantes, los más afectados
La compra por parte de Azora de la inmobiliaria Vascongada (también conocida por sus siglas como SAIV) sembró el pánico entre un total de 300 familias donostiarras. El grupo de afectados se agrupó bajo el paraguas de la asociación de Inquilinos de Azora para defender colectivamente sus derechos. La lucha de estos vecinos de Gros va para largo y su voz se escucha y se extiende a otros lugares de Donostia. Es habitual que a las protestas y denuncias contra la especulación urbanística se sumen entidades como Stop Desahucios y Alokairu-Benta Berri.
El fondo buitre asegura que ha mantenido el precio del 90% de los inmuebles y que la alarma social generada ha sido “totalmente innecesaria”. ¿Esto es así? Rosa García es una de las caras visibles en la ciudad de Stop Desahucios. Ella dice que en estos momentos «se están negociando» las condiciones de los nuevos contratos de los inmuebles más humildes, localizados en la zona de las calles de la Salud y Ategorrieta. El objetivo es que las subidas sean bastante inferiores al 33% y, subraya Rosa, “sin cláusulas abusivas como el seguro de impago de alquileres y avales”.
La portavoz de la plataforma cuenta que la población migrante está siendo la gran perjudicada por la situación de la vivienda en Donostia. Ella pone el énfasis en un mercado que sigue dominado por pequeños propietarios (1 ó 2 inmuebles). “A partir de la pandemia se han endurecido las condiciones, los precios no solo no han bajado, sino que han subido. La gente que están desahuciando son particulares”, afirma.
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