«No puede recaer en las personas que salvan y en las salvadas los efectos de las demoras por la inexistencias de acuerdos ni la falta de suficiente coordinación entre poderes públicos», expresa con claridad el Defensor del Pueblo. El pasado 5 de junio Salvamento Marítimo Humanitario (SMH) recibió respuesta de esta institución. En ella Francisco Fernández Marugán transmite sus consideraciones a la queja presentada por el bloqueo del buque de rescate Aita Mari ante la DGMM (Dirección General de la Marina Mercante).
El Defensor del Pueblo estima fundada la queja y destaca que los requisitos exigidos con terceros países por el Gobierno de España no son en ningún caso asunto de la competencia del Aita Mari ni de SMH. De esta forma se entiende que un buque de rescate en zona SAR (búsqueda y rescate) en ningún caso tiene la obligación de firmar un acuerdo de desembarco con los países ribereños (Italia y Malta, en este caso).
De igual forma resalta por encima de todo el derecho a la vida como valor fundamental sobre el que se construye el resto de los derechos humanos (Artículo 15 de la Constitución) y, la colaboración en el fortalecimiento de las relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la tierra (preámbulo de la Constitución).
El Defensor del Pueblo se compromete a comunicar su resolución a las autoridades de la DGMM con el objetivo de que cambien la restricción al rescate.
En una nota de prensa SMH expresa que «el objetivo de esta misión de rescate en el Mediterráneo a través del Aita Mari ha sido, es y será el respeto y la preservación del derecho a la vida de todos los seres humanos».
Desde SMH confían en que este dictamen influya en el actual parecer de las autoridades marítimas.
Desde el 18 de enero, tanto el Aita Mari como el Open Arms no pueden hacerse a la mar. En este tiempo 543 personas se han ahogado en el Mediterráneo (que se tenga constancia). Además muchos más han sido devueltos a Libia, un país en guerra, con la complicidad de la Unión Europea.
Deja un comentario