(EFE). El Defensor del Paciente ha criticado la «inoperancia» del consejo asesor del Plan de Protección Civil (LABI) de Euskadi durante la pandemia ya que al tratarse de un órgano «eminentemente político» y no técnico-sanitario no ha adoptado las medidas necesarias para luchar contra la covid-19.
El Defensor del Paciente hace estas consideraciones muy críticas con este organismo, en el que están representadas todas las instituciones -gobiernos central y vasco, diputaciones y ayuntamientos-, en su informe anual sobre denuncias por negligencias médicas.
En el análisis pormenorizado de cada comunidad autónoma, el Defensor del Paciente constata que la pandemia ha sido «una prueba de estrés sin precedentes para Osakidetza», como ha ocurrido en el resto de regiones, pero se pregunta cómo «teniendo una de las estructuras sanitarias públicas mejor financiadas, sus resultados ante el covid-19 se hallen lejos de lo que cabría esperar».
«Quizás algunas de las respuestas pudieran hallarse en la inoperancia del consejo asesor del LABI, un órgano eminentemente político y no técnico o técnico-sanitario, que ha sido un mero transmisor de decisiones tomadas en instancias superiores y lastradas por el miedo a asumir las consecuencias políticas derivadas de las medidas que necesariamente habían de adoptarse para luchar contra una pandemia», denuncia el Defensor del Paciente en su informe.
Considera que por ello se ha llegado a la situación actual, en la que la nueva ola tiene «muy tensionada la Atención Primaria y las ucis de la red hospitalaria» vasca.
También cuestiona que «en un contexto de finalización de unos 4.000 contratos de personal eventual contratado durante la pandemia para atender a la vacunación, los rastreos, los tests diagnósticos y las demás funciones habituales de la Atención Primaria, Osakidetza ha decidido reducir los horarios de los centros de salud».
Señala que ante esta situación los sindicatos sanitarios plantean convocar una huelga en fechas próximas pues consideran insostenible la carga de trabajo.
Al margen de estas consideraciones críticas, el Defensor del paciente detalla que en Euskadi se presentaron 410 denuncias contra el sistema sanitario, de las cuales 30 tuvieron como consecuencia el fallecimiento del paciente. De ellas, 246 se formularon en Bizkaia, 125 en Gipuzkoa y 39 en Álava.
Los hospitales más denunciados fueron los de Cruces, Donostia, Galdakao, Basurto y el Hospital Universitario de Álava.
Con respecto a 2020 las denuncias aumentaron en 93 lo que supone una subida de un 22 %, aunque si se hace una media de los casos recibidos en la última década, sin contabilizar el año pasado en el que por el covid la actividad quirúrgica descendió notablemente, se observa que Euskadi suele tener unas 495 denuncias anuales.
En cuanto a la lista de espera quirúrgica, Osakidetza arroja los mejores datos de todo el Servicio Nacional de Salud, con un volumen de 19.327 pacientes que esperan algún tipo de cirugía (la quinta comunidad con menos lista) y una tardanza que ronda los 62 días, la menor de toda España.
El servicio de traumatología es el que acumula un mayor retraso, seguido de urología y otorrinolaringología.
En el conjunto de España el Defensor del Paciente recibió en 2021 un total de 13.156 denuncias por negligencias médicas (2.647 más que en 2020), lo que supone un aumento del 25 %, de las que 628 fueron con resultado de muerte (100 más que un año antes).
El servicio más denunciado en 2021 fueron la listas de espera debido a que la enfermedad del paciente se agravó o el mismo falleció por el retraso en la intervención.
Para el Defensor del Paciente, este aumento de denuncias supone que la sanidad pública en España «no remonta»: «Negligencias médicas, listas de espera, saturación en urgencias, falta de profesionales y escasez de material», y también subraya que «la excusa de la covid-19 ya no cuela y que lo que la pandemia ha dejado al descubierto son las vergüenzas del sistema sanitario».
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