El Colegio Oficial de Trabajo Social de Gipuzkoa, «que engloba a más de 700 profesionales, considera discriminatorio que las políticas adoptadas» para facilitar la adaptación de los refugiados ucranianos en Euskadi y Gipuzkoa «dejen fuera al resto de migrantes que también se ven obligados a huir de sus lugares de origen». Recuerda además en la misma nota de prensa que los Servicios Sociales «cuentan con recursos insuficientes desde antes incluso de la pandemia».
Incide el Colegio en que «la medida de protección temporal ofrecida a las personas ucranianas» es «necesaria», pero debería ser «extensible a todas y cada una de las personas que huyen de diversos lugares del planeta por motivos de guerra, violencia o violaciones de derechos humanos». Por tanto, lo que en principio «puede llegar a ser una buena noticia», termina siendo por otro lado «discriminatoria», incide el colectivo.
Este Primer Plan de Contigencia de Euskadi se desarrolla en relación con la aplicación de la Directiva 2001/55/CE, dada por la Comisión Europea el 3 de marzo de 2022. Y «ofrece facilidades que nunca se han contemplado anteriormente para el resto de migrantes que se han visto en la misma situación que los y las ucranianas». Por ejemplo, «tener la posibilidad de contar con un documento provisional que les autoriza a residir en el Estado Español de 1 a 3 años y, en cuanto reciban la medida de protección temporal oficial, también tener permiso para trabajar durante ese lapso de tiempo».
Paralelamente, refugiados o similares de diferentes países de África, Oriente Próximo y Sudamérica, «se enfrentan a un
recorrido lleno de obstáculos por las condiciones legales y procedimentales, llegando en muchas ocasiones a tener que pasar al menos por tres años de exclusión social, en los que ni siquiera les son satisfechas sus necesidades básicas».
‘Bomberos’ sin agua
«Además», prosigue el Colegio, «en Gipuzkoa ya existen numerosas familias que no pueden garantizar su derecho a vivienda. Es
decir, personas que precisan de una vivienda social que llevan numerosos años inscritas en Etxebide y que no pueden acceder y/o pagar contratos de alquiler de viviendas libres. Muestra de ello son las familias que han tenido que vivir procesos expropiatorios».
A los trabajadores sociales, ante la falta de medios, «no se nos puede exigir que seamos bomberos sin contar con agua para apagar el fuego. No nos es posible ofrecer una respuesta acorde a las necesidades de la población, si no se nos dota de recursos aparte de un plan de contingencia como este último».
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