(EFE). Un hombre dedicado a la reforma de pisos, conocido como «el chapuzas» y acusado de decenas de estafas en distintos pueblos de Gipuzkoa en los que presuntamente dejó obras sin terminar, se enfrenta a una petición de dos años y once meses de cárcel por seis casos ocurridos en San Sebastián, Pasaia, Irun, Belauntza y Hernani.
La Fiscalía de Gipuzkoa acusa a este hombre, vecino de Portugalete (Bizkaia) que se encuentra procesado en otras causas similares, de un delito continuado de estafa en la segunda jornada del juicio por estos hechos que tendrá lugar mañana en un Juzgado de lo Penal de San Sebastián, tras la celebración días atrás de la primera sesión que había quedado aplazada hasta este martes.
Según el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso EFE, a lo largo de los últimos años el procesado presuntamente «ha venido desplegando una estrategia engañosa capaz de inducir a error» a quienes le contratan, «publicitando unos servicios ficticios de rehabilitación y renovación de viviendas mediante el buzoneo de octavillas comerciales con diversos membretes» en las que «ofertaba obras de reforma integral de viviendas a precios ostensiblemente módicos«.
Estos servicios, precisa el Ministerio Público, «incluían la gestión de los permisos y licencias oportunos, materiales y mano de obra», a pesar de que el inculpado «no era titular de establecimiento o local comercial» alguno, «carecía de sede física o de estructura empresarial o profesional» y no contaba con «operarios propios o subcontratados».
Asimismo tampoco se encontraba «dado de alta en el régimen fiscal de actividades profesionales» y «carecía de cualquier tipo de seguro de responsabilidad civil profesional y de solvencia económica».
La Fiscalía aclara que el procesado presuntamente realizaba sus ofertas comerciales «con diferentes denominaciones» y ofrecía como forma de contacto «diversos teléfonos móviles», con el objetivo «difuminar eventuales futuras reclamaciones».
En ocasiones, describe el escrito de la Fiscalía, el inculpado utilizaba «como interpuesta» una empresa de la que era administrador único pero que «carecía de cualquier tipo de actividad desde 2010 por «baja provisional y cierre registral de hoja» por «incumplimiento de sus obligaciones fiscales».
«Una vez aceptado el presupuesto y pactada la realización de las obras -relata el documento-, el acusado procedía invariablemente a realizar una pequeña parte de los trabajos encargados, dando comienzo a las tareas de derribo, desmontaje, retirada de elementos y unidades».
De esta manera, una vez iniciadas estas primeras labores para «transmitir a los clientes una seriedad profesional» que distaba de responder a un «propósito real» de «cumplir» con los encargos apalabrados, presuntamente solicitaba «un anticipo» siempre «muy superior al de las tareas ya realizadas».
Para conseguir «un mayor beneficio a costa de sus víctimas», en ocasiones les pedía que le acompañaran a establecimientos de venta de materiales de construcción, donde «fingía supervisar» su elección para «acomodarlos» al presupuesto y pedir a continuación «nuevos anticipos de dinero» para comprarlos.
La Fiscalía sostiene que las víctimas realizaban los pagos «generalmente» en metálico, sin llegar a obtener en ocasiones «resguardo documental», o mediante ingresos en cuentas corrientes «a nombre de terceras personas» designadas por el procesado «a tal fin», tras lo que «abandonaba de forma definitiva» los trabajos de reforma con excusas como la realización de unos trámites administrativos, la acumulación de otras tareas o la «imposibilidad de acudir» a las obras.
Seguidamente, desatendía las llamadas de los afectados por las «obras inconclusas», a los que daba fechas para su «reanudación inminente» que «no tenía intención de respetar» o trasladaba «vagas promesas de continuarlas en el futuro».
La Fiscalía de Gipuzkoa considera que estos hechos son constitutivos de un delito continuado de estafa con la agravante de reincidencia por el que solicita dos años y once meses de cárcel, así como distintas compensaciones para las víctimas que en conjunto superan los 40.000 euros.
Deja un comentario