(EFE). Nueve años después del inicio en 2013 de su accidentada instrucción y con media docena de causas desgajadas del sumario principal, el «caso Kote Cabezudo» llega este lunes a su punto álgido con la celebración del juicio por los presuntos delitos de índole sexual supuestamente cometidos contra 17 de sus modelos.
La vista tendrá lugar en la Sección Primera de la Audiencia de Gipuzkoa y se desarrollará, de lunes a jueves, a lo largo de veinte jornadas en las que declararán decenas de víctimas, testigos y peritos antes del fin de las sesiones programado para el próximo 7 de abril, un mes después de su inicio.
El interés mediático suscitado por el caso, sobre el que incluso una plataforma televisiva está elaborando un documental, ha llevado a la Audiencia de Gipuzkoa a habilitar una estancia específica para la prensa con el fin de acoger a todos los periodistas acreditados.
Esto se debe a que la sala principal del edificio estará ocupada los primeros días por una vista con jurado que se está celebrando en la Sección Tercera, lo que obligará a desplazar la vista contra Kote Cabezudo a una dependencia de menor capacidad en la que, debido a la limitación de aforos establecidos por la pandemia, tan sólo se permitirá el acceso a trece personas.
En la vista, el fotógrafo donostiarra se enfrentará a una petición de 121 años y medio de cárcel por parte de la Fiscalía por 32 presuntos delitos de índole sexual, pornografía infantil, estafa y contra la integridad moral de 16 de sus modelos supuestamente cometidos entre los años 1992 y 2013.
La acusación particular, que ejerce el letrado Marío Díez en representación de 17 mujeres (respecto a otras cuatro los hechos han prescrito), eleva su solicitud de condena hasta los 2.338 años de prisión, ya que entre los numerosos delitos que imputa a Cabezudo incluye también 152 de abuso sexual con penetración.
Asimismo, este abogado pide indemnizaciones que ascienden a un total de 1.715.000 euros para las perjudicadas, mientras que el Ministerio Público demanda un millón.
Con la celebración de la vista oral culminará casi una década de investigaciones judiciales de este asunto, cuya instrucción, de la que se han encargado tres magistrados principalmente, arrancó en 2013 y de la que cuelgan numerosas causas de menor entidad derivadas del sumario principal.
Algunas de ellas ya han sido juzgadas y cuentan incluso con condenas en firme contra el procesado por asuntos como obstrucción a la justicia, aportar documentos falsos a los tribunales y desobediencia a la autoridad judicial, si bien aún quedan al menos dos pendientes de ser juzgadas.
La vista por la causa principal, que consta de cuarenta tomos y cerca de 15.000 folios, tendrá lugar ahora a escasas fechas de que el fotógrafo alcance los cuatro años de prisión provisional que constituyen el máximo permitido por la ley, ya que fue ingresado en la cárcel de Martutene el 4 de mayo de 2018 y su reclusión fue prorrogada dos años después.
La Audiencia de Gipuzkoa adoptó esta decisión tanto para evitar el posible riesgo de fuga del procesado como por el hecho de que mientras estuvo en libertad «no cumplió, aparentemente, con los requerimientos judiciales de poner fin a la difusión de imágenes» de sus víctimas que «atentaban contra su derecho a la intimidad».
Según la diligencia que fija las fechas del juicio, a la que ha tenido acceso EFE, la vista oral se prolongará durante cinco semanas, en sesiones de lunes a jueves.
Los tres primeros días han sido reservados para las cuestiones previas y la declaración del acusado, tras los que prestarán testimonio las víctimas -que está previsto que lo hagan a puerta cerrada- y los distintos testigos propuestos por las partes, así como los diferentes peritos del caso.
Aunque los delitos presuntamente cometidos por Cabezudo son detallados de forma precisa tanto por la Fiscalía como por la acusación particular en sus respectivos escritos de acusación provisional, la forma de proceder del acusado mantiene en ambos un patrón similar, según el cual las víctimas, algunas de ellas menores de edad, firmaban un contrato en el que no eran informadas «suficientemente» de lo que se pretendía hacer con el material fotográfico obtenido en sus sesiones.
Seguidamente, las imágenes en las que aparecían desnudas, algunas captadas incluso mientras se cambiaban, y «con exposición de sus partes más íntimas», presuntamente eran compartidas en páginas de internet en las que se ofrecía, previo pago, material pornográfico.
Según la Fiscalía, en las sesiones, el acusado, que tenía registradas a su nombre estas páginas y que en algunos casos presuntamente también grabó vídeos sin consentimiento, comentaba a sus víctimas que en las imágenes en las que aparecían sus «partes íntimas» en realidad «no se veía nada» o que no eran «para compartir con nadie».
En los casos más graves, el inculpado presuntamente también habría aprovechado «para mantener relaciones sexuales» con varias de ellas «sin su consentimiento».
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