El Ayuntamiento y la SADE se fijan un plazo para buscar una solución para el Bellas Artes

El Ayuntamiento de Donostia y la dirección de la Sociedad Anónima de Deportes y Espectáculos (SADE) han acordado solicitar al juez la suspensión de la vía judicial relativa a las reclamaciones patrimoniales en torno al edificio del Bellas Artes. Ambas partes acuerdan además fijar un plazo temporal para buscar una solución pactada que dé una salida a la actual situación del inmueble de la esquina de las calles Prim y Urbieta que permita un equilibrio entre su uso y su protección.
Tras las conversaciones mantenidas entre el Ayuntamiento y la SADE, las dos partes han decidido de mutuo acuerdo presentar un escrito al juzgado solicitando la suspensión del procedimiento judicial abierto tras la presentación de una reclamación patrimonial por parte de la empresa propietaria del edificio. De aceptar el juez la solicitud, se abrirá un plazo en el que el Consistorio y la empresa titular del Bellas Artes trabajarán para encontrar una solución negociada.
Tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de anular la protección otorgada por el Gobierno Vasco al edificio y la decisión del Departamento de Cultura de no continuar adelante con el expediente de protección, Ayuntamiento y SADE han mantenido varias conversaciones sobre las fórmulas que permitirán dotar al edificio de un uso y, al mismo tiempo, salvaguardar los elementos esenciales de un edificio arquitectónicamente singular.
Cabe recordar que el edificio del Bellas Artes cuenta con un grado de Protección C en el Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbanístico Construido (PEPPUC), lo que protege diferentes elementos arquitectónicos del mismo.
El alcalde, Eneko Goia, ha valorado la disposición de la SADE a buscar una solución que combine utilización y protección, y se ha mostrado dispuesto a agilizar las conversaciones para encontrar una salida en un plazo razonable. El primer edil ha recordado que la vía judicial podía acarrear consecuencias económicamente gravosas para las arcas públicas, por lo que considera que la solicitud de suspensión de esta vía “es un gesto de buena voluntad por ambas partes y un avance que nos permite abrir una fase de negociaciones”.
A su juicio, “lo peor que nos puede pasar es que el edificio siga como está: sin uso y en constante deterioro”, por lo que considera conveniente “trabajar junto con los propietarios para garantizar que se cumple el equilibrio entre uso y protección”.