La Junta de Gobierno Local de Donostia ha desestimado la solicitud de suspensión de la licencia de obras concedida para la construcción de 83 alojamientos dotacionales en la parcela G.0007 de Riberas de Loiola, una decisión que la asociación vecinal del barrio considera «un nuevo e injustificable revés». El Ayuntamiento había concedido la licencia al Gobierno Vasco el pasado 3 de marzo.
La petición de suspensión fue presentada por la asociación el 21 de julio. La entidad solicitaba suspender las obras de construcción de los alojamientos y aplazar cualquier acto o procedimiento relacionado con ellas, así como interrumpir el plazo para el inicio de los trabajos.
Los vecinos fundamentaron su solicitud, entre otras cuestiones, en la existencia de un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo de aprobación definitiva del Plan Especial de la parcela y de un recurso especial en materia de contratación contra los pliegos del procedimiento para construir los 83 alojamientos.
El Ayuntamiento argumenta para rechazar la petición que los actos administrativos son ejecutivos y que la interposición de un recurso no suspende por sí misma su ejecución. Añade que en este caso «no se acreditan los perjuicios de imposible o difícil reparación» y «no existe causa de nulidad de pleno derecho», por lo que considera que no procede admitir la solicitud de suspensión de la licencia.
La asociación vecinal mantiene, por el contrario, que el Plan Especial podría incurrir en una posible nulidad por alterar determinaciones estructurales del PGOU y del PTP y transformar una parcela destinada a equipamiento comunitario en lo que califica como «un uso residencial encubierto de alta densidad».
Los vecinos cuestionan también las condiciones ambientales y acústicas del ámbito y sostienen que la promoción pretende ubicar población permanente en una parcela «encajonada entre infraestructuras viarias de gran intensidad de tráfico». Asimismo, aseguran que se han omitido exigencias de integración paisajística recogidas en el Decreto 90/2014.
El temor a las consecuencias económicas
La asociación advierte del riesgo económico que, a su juicio, supone continuar con la actuación mientras permanecen abiertos los procedimientos que cita. Sostiene que una eventual declaración de nulidad del planeamiento con las obras adjudicadas o iniciadas podría generar costes para las arcas públicas derivados de indemnizaciones al contratista por resolución contractual, desmovilización, acopio de materiales y, eventualmente, demolición y restitución del terreno.
«¿Quién va a pagar la factura de esta imprudencia si los tribunales anulan la actuación?», plantea la entidad vecinal.
La asociación expresa asimismo su preocupación ante lo que considera una posible estrategia de «hechos consumados». Los vecinos temen que se pretenda acelerar la tramitación e iniciar los trabajos para «entorpecer la efectividad del proceso judicial» y condicionar la decisión final del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). Más información, aquí.
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