(EFE). El Ararteko ha pedido al Gobierno Vasco que acepte la solicitud de retorno a un centro penitenciario de Euskadi de un preso con arraigo y una hija menor en Gipuzkoa que fue trasladado a la cárcel de León.
El Defensor del Pueblo Vasco le insta además a revisar los métodos utilizados para recabar los datos sociales de los reclusos y a diseñar un protocolo de servicios sociales penitenciarios que permita «un correcto control» por parte del Centro Penitenciario de Euskadi para «evitar traslados lesivos».
Estas recomendaciones han sido hechas por el Ararteko en una resolución dictada tras analizar una queja que interpuso ante él, en mayo del año pasado, una persona que denunciaba el traslado de un preso de la cárcel de Martutene, en San Sebastián, a otra en León.
Según explica la resolución, que la oficina de Manuel Lezertua ha difundido este jueves, tras haber ingresado en Martutene, en diciembre de 2022, la Junta de Tratamiento propuso la clasificación inicial del interno al Centro Directivo Penitenciario de Euskadi, el órgano de coordinación de las tres prisiones vascas dependiente del Departamento de Justicia del ejecutivo autonómico.
Posteriormente, ratificó la clasificación en segundo grado y solicitó su traslado a una prisión gestionada por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias debido a «la sobreocupación» de las cárceles vascas y a «la falta de vinculación socio/familiar del interno» en Euskadi, traslado que ésta aprobó.
El Ararteko indica que, a partir de la documentación aportada por quien interpuso la queja ante él, comprobó que el recluso llevaba en Euskadi «más de 20 años» y «tiene vinculación familiar en Gipuzkoa», además de que en el penal de Martutene «estaba siendo sometido a un tratamiento de deshabituación del consumo de estupefacientes».
Entre las pruebas presentadas ante él, figuraba el histórico de padrón en Gipuzkoa del preso, el libro de familia donde consta la filiación de su hija menor de edad y «un informe psicológico que recoge la influencia positiva de la reconstrucción del vínculo paternofilial en el desarrollo de la menor».
Cuando el Ararteko solicitó información a sobre el caso a la administración penitenciaria vasca, esta le contestó que «según el informe social emitido desde el centro penitenciario de Gipuzkoa a la Dirección de Justicia, el interno no mantiene relación con su familia (…) viviendo en la calle antes de su ingreso en prisión».
El Defensor ha considerado sin embargo que «los datos demuestran el arraigo del recluso en Euskadi» y que no se tuvieron en cuenta «a la hora de decidir su traslado».
Remarca además «el impacto» que esta decisión tuvo en la hija menor de edad, que tiene «derecho al contacto regular con sus progenitores», contacto que además «puede tener un impacto positivo también en los procesos de reinserción» de los propios reclusos.
El Ararteko resuelve por tanto la queja recomendando al Gobierno Vasco que «acepte la solicitud de traslado a Euskadi» y «revise los métodos utilizados para recoger datos de las personas que ingresan en prisión para que sean rigurosos».
Pide también al Ejecutivo que «diseñe un protocolo de servicios sociales penitenciarios de recogida de datos sociales y familiares, así como de otras circunstancias personales de manera homogénea» en las tres cárceles vascas, con el fin de permitir «un correcto control por parte del Centro Directivo Penitenciario de Euskadi» y evitar así «traslados lesivos» de los derechos de los presos y los menores con padres en prisión.
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