(EFE). El joven procesado por la muerte del menor Santi Coca que no ha sido aún juzgado por estos hechos porque huyó a Francia seguirá en prisión provisional sin fianza por decisión de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa.
Este joven se enfrenta a una petición de cárcel de 20 años de prisión por participar en la paliza que varias personas propinaron a Santi Coca, de 17 años, en el exterior de una discoteca de San Sebastián el 26 de abril de 2019, que acabó con la vida de la víctima.
El juicio con jurado por estos hechos se celebró contra cinco acusados, en ausencia del fugitivo, entre noviembre y diciembre de 2023 en la Audiencia de Gipuzkoa.
La vista se saldó con la absolución de cuatro de ellos y la condena del restante a tres años y medio de cárcel por homicidio imprudente con la atenuante de intoxicación etílica, un fallo que ha recurrido ante el TSJPV.
En este juicio no estuvo presente el sexto procesado, de 24 años y de origen argelino, quien huyó antes de la vista, en la que se iba a enfrentar una petición de veinte años de cárcel, y no fue capturado hasta el pasado 27 de febrero en la localidad francesa de Draguignan, próxima a Cannes.
Tras ser entregado a España por las autoridades francesas el pasado 21 de marzo el juzgado de Instrucción número 2 de Madrid dictó su ingreso en prisión provisional sin fianza.
El pasado 26 de febrero se celebró una vista en la sección primera de la Audiencia de Gipuzkoa para adoptar una decisión sobre la situación de este acusado, para el que la Fiscalía, la acusación particular y la acción popular (el Ayuntamiento de San Sebastián) reclamaron que se mantuviera la situación de prisión provisional.
La defensa solicitó su libertad provisional o, en su defecto, la libertad bajo una fianza de 20.000 euros.
La sala ha decidido, en un auto al que ha tenido acceso EFE, ratificar la decisión del juzgado madrileño y mantener al proceso en prisión, debido a que resulta «evidente la existencia de riesgo de fuga y elusión de la acción de la justicia».
El auto señala dos hechos que apuntan a la existencia del riesgo de fuga: la elevada pena de prisión a la que se enfrenta el procesado y su «reciente trayectoria», ya que dejó de presentarse en el Juzgado de Irun el 1 de octubre de 2022, se marchó a Francia y estuvo más de un año y medio ilocalizable.
«En estos momentos existe un riesgo de fuga indiscutible a tenor de la reseñable extensión de las penas de prisión que se le solicitan (20 años de prisión) y de su prolongada situación de ilocalización y huida a Francia», argumenta la sala.
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