(EFE). Dos personas de nacionalidades rusa y ucraniana han sido detenidas en las localidades guipuzcoanas de Irun y Hondarribia por su presunta implicación en un delito de contrabando de material de defensa destinado a Rusia.
Según ha informado este miércoles el Ministerio del Interior en un comunicado, una de las personas detenidas sería la cabeza de un entramado empresarial internacional dirigido desde España dedicado al tráfico ilícito de material de defensa.
La investigación se inició en junio de 2021 cuando los agentes tuvieron conocimiento de la presencia en España de un matrimonio de nacionalidad ucraniana que estaría dirigiendo, desde una empresa española, una cadena de suministro de material aeronáutico militar, eludiendo los controles establecidos por la legislación vigente y, por lo tanto, cometiendo un delito de contrabando.
La operación se desencadenó en el intento de evitar la inminente salida desde territorio europeo de un envío de cristales para cabinas de aviones militares, ha precisado la fuente.
El análisis de las transacciones hizo emerger un entramado que había diseñado una sofisticada ingeniería aduanera, a nivel internacional, para realizar operaciones en las que se declaraba que el destino de las mercancías eran países no sometidos a embargo pese a que, en realidad, sería Rusia su destino final.
Las investigaciones realizadas han desencadenado la detención de dos personas y los consiguientes registros domiciliarios, en los que se ha intervenido documentación física y efectos informáticos, además de dos vehículos de alta gama.
El Juzgado Central número cinco de la Audiencia Nacional ha decretado además el ingreso en prisión de uno de los arrestados.
La investigación continúa abierta con objeto de acreditar otras operaciones comerciales ilegales de esa misma naturaleza ya efectuadas, así como las que estuvieran en marcha y proceder a la plena identificación, localización y detención de otras personas implicadas en estos hechos.
La operación ha sido desarrollada de forma conjunta por la Comisaría General de Información, la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera y la Brigada Provincial de Información de San Sebastián, bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción número Cinco de la Audiencia Nacional y de la Fiscalía Anticorrupción.
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