(EFE). El joven marroquí que fue absuelto tras permanecer casi dos años en prisión provisional, acusado de violar a una menor aquejada de una discapacidad intelectual en una casa ocupada en la calle Moraza de de San Sebastián, reclama una compensación de 37.588 euros al Ministerio de Justicia por los «daños y perjuicios» sufridos por su encarcelamiento.
Este joven, que acababa de cumplir 18 años poco antes de su detención el 7 de agosto de 2019, permaneció un total de 692 días en situación de prisión provisional, primero en la cárcel donostiarra de Martutene, luego en la de Topas (Salamanca) y finalmente en Zaballa (Álava), en los que, según su denuncia, vivió «un verdadero suplicio».
Tras su arresto, la Fiscalía de Gipuzkoa solicitó trece años y medio de cárcel y lo acusó de haber conducido a la menor «contra su voluntad» a una casa ocupada, ubicada en la calle Moraza donde, tras cerrar con llave el candado de la puerta de la estancia en la que se encontraban, la habría violado a pesar de que la víctima, que por entonces tenía 17 años, le dijo que «no quería».
Durante el juicio, celebrado en la Audiencia de Gipuzkoa en junio de 2021, el Ministerio fiscal mantuvo su acusación a pesar de que el joven negó en todo momento haber agredido sexualmente a la chica, si bien admitió que ambos se besaron y que ella le masturbó por iniciativa propia a pesar de que él no se lo había pedido.
Unos días más tarde, el 8 de julio, el joven, representado en este caso por el letrado Jesús González de la Huebra, fue absuelto al existir «una duda fundada» sobre lo ocurrido ya que, según la sentencia, las evidencias compadecían «mal» con el relato de la víctima y «más bien» servían para «descartarlo», generando «un claro supuesto de duda fundada» respecto a lo sucedido.
La resolución judicial recordaba además que, a pesar de no ser físicamente apreciable, la chica sufre un «trastorno psicótico no orgánico» con episodios de «alteraciones sensoperceptivas» y «juicio de la realidad alterado en situaciones de ansiedad», junto con «fantasías de tipo sexual que le desbordan y se manifiestan con problemas de conducta».
El escrito judicial también hacía hincapié en que cuando sucedieron los hechos la menor era virgen y que, «tras los supuestos episodios de reiteradas penetraciones» que relató, «mantenía el himen íntegro», además de no tener «ningún tipo de signos, ni vestigios físicos» ni «ningún tipo de lesión» en las áreas genitales ni paragenitales.
Una vez excarcelado, el joven ha remitido ahora al Ministerio de Justicia un escrito, al que ha tenido acceso EFE, en el que explica que su paso por la prisión le ha ocasionado «unos graves daños reales y efectivos, tanto de índole material como de naturaleza moral» por «haber estado injustamente privado de libertad» durante casi dos años.
Un período en el que, a pesar de no haber padecido antes «problema psicológico ni psiquiátrico alguno», «resultó acreedor del programa antisuicidios» debido al «estrés, la incertidumbre por su futuro» y los «problemas de adaptación» que sufrió, junto a «ataques de pánico y de ansiedad generalizada», además de «ser agredido por otros reclusos».
Por todo ello, se vio «abocado a la toma de diferente medicación ansiolítica y antidepresiva» que añadida «a los importantes problemas dermatológicos que sufrió en prisión» hicieron de su estancia en la cárcel «un verdadero suplicio».
Todo ello unido además al «desprestigio social» que, como argumenta, sufrió por haber sido «acusado de un delito que no cometió», que tuvo una gran «repercusión mediática» y por el que fue víctima de «estigmatización» social.
Asimismo, mantiene que la situación de prisión provisional le acarreó «una ruptura total con el entorno que él estaba creando con la ayuda de terceras personas y de las instituciones, a fin de lograr una merecida estabilidad personal» tras acabar de cumplir 18 años.
El texto detalla que el joven no tenía antecedentes penales y que acababa de adquirir la mayoría de edad, por lo que, tras haber estado acogido por la Diputación de Gipuzkoa, acababa de iniciar con esta institución un proceso para obtener un «alojamiento» que le permitiera «encontrar estabilidad e independencia» que, sin embargo, se vio interrumpido por su detención.
De la misma manera, vio frustrados sus estudios en un centro para adultos en el que estaba matriculado, al igual que los trámites que había iniciado para obtener la regulación en nuestro país.
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